Como resultado del ataque que el pasado domingo el INM perpetró en Palmar de Bravo a una caravana de 308 migrantes, al menos cinco familias quedaron separadas. En la redada, personal del instituto detuvo a varios niños sólo con alguno de sus progenitores y se los llevaron casi de inmediato a la estación migratoria de Villahermosa, Tabasco, dejando en la zona conocida como el “triángulo rojo” al resto de los integrantes de la prole.
Peor aún: las personas indocumentadas, que ayer cumplieron su tercer día en la comunidad de San Isidro Monterrosas, afirmaron que al menos hay tres infantes que se encuentran en calidad de desaparecidos y cuyos padres se aventuraron desde el lunes 5 de febrero a su búsqueda en la región, conocida por ser la de mayor peligrosidad en la entidad, debido al asiento y actuación de bandas dedicadas al robo de hidrocarburos.
Desde el domingo pasado, los migrantes dijeron que aproximadamente 80 de sus compañeros fueron detenidos a la fuerza por personal del INM, pero que ignoraban el paradero de otros 50, quienes, para librarse de las agresiones, se internaron en los campos de cultivo y corrieron también hacia las poblaciones y los cerros cercanos.
El Diario La Jornada de Oriente visitó este martes el campamento que los migrantes establecieron en el atrio de la iglesia de San Isidro, convertido desde el 4 de febrero en santuario, pues los pobladores de esa pequeña comunidad de Palmar de Bravo no sólo han brindado hospedaje a más de una centena de niños, mujeres y hombres que intentan llegar desde sus países de origen –Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica– a Estados Unidos, sino que les han proporcionado agua, alimento, ropa, cobijo y una lona para establecer un dormitorio, a fin de cubrirse de los helados vientos que azotan esta región agrícola de Puebla durante el invierno.
La caravana ingresó a territorio poblano el sábado 3 de febrero pasado, los cuidaron muy bien en su trayecto desde Chiapas, empleados del INM de esa entidad y Veracruz. Los migrantes cuentan que en los límites de éste último estado y Puebla, antes de ingresar a Cañada Morelos, donde durmieron esa noche, el personal del instituto veracruzano les advirtió que se cuidaran, porque sus pares poblanos no eran de fiar.
Poco tardaron las personas indocumentadas en confirmar lo dicho por los funcionarios del INM Veracruz sobre sus homólogos de Puebla. Desde la madrugada, con maltratos, puntapiés e insultos, la gente del organismo poblano los levantó en Cañada Morelos antes de que asomara el sol, para iniciar el viaje. Los hicieron caminar sin detenerse durante 16 horas, sedientos y sin probar alimento. Cada vez que los migrantes suplicaban para descansar, eran reprendidos y amenazados con ser dejados a la deriva o “arrestados” (sic).
Vecinos de la cabecera municipal de Palmar de Bravo que estaban al tanto del trayecto de la caravana, por las publicaciones que sus miembros hacían en redes sociales, prepararon un recibimiento con comida, líquidos, ropa, cobijas y tiendas. Cuando la columna de migrantes atisbó que estaba cerca la localidad, imploraron a los del INM poblano que les permitieran arribar ahí, pero la respuesta fue una mentira: “en ese pueblo no los quieren”.
De esa forma, las autoridades migratorias obligaron a las personas indocumentadas a caminar un kilómetro y medio más, aproximadamente, hasta que aparecieron unas 15 camionetas del INM, cada una con al menos cuatro empleados de ese instituto y un elemento de la Guardia Nacional armado. Inició así una alevosa redada, en la que también participaron policías locales.
Los migrantes corrieron despavoridos clamando auxilio. Los vecinos de San Isidro, quienes les venían siguiendo el paso, salieron a defenderlos: con rocas alejaron a los de la dependencia migratoria y también a los elementos de la Guardia Nacional y gendarmes municipales que los acompañaban.
Algunas de esas féminas y varones que salvaron a sus hermanos latinoamericanos en tránsito, admitieron ayer ante esta casa editorial que llevaban escopetas y otras armas de fuego para defenderlos y estuvieron a punto de usarlas, al ver los abusos y la violencia que los empleados del gobierno federal habían perpetrado sobre los miembros de la diáspora: choques con bastones eléctricos que hicieron desfallecer y hasta defecar a las víctimas; golpes, jalones de cabello y puntapiés a niñas y niños, encañonamiento con rifles de uso exclusivo para el Ejército a las personas que se resistían a la detención.
La caravana se dispersó. Algunos vecinos en Palmar y San Isidro abrieron las puertas de sus hogares para que los migrantes entraran a refugiarse. Los pobladores que estaban grabando con sus teléfonos celulares los hechos, fueron amenazados por elementos de la Guardia Nacional y el INM. Al final, la gente se impuso y “los servidores públicos” salieron huyendo. Los habitantes cerraron el paso a Monterrosas a cualquier foráneo, para proteger así a las personas indocumentadas
Cuentan que minutos más tarde, el INM usó drones para sobrevolar las casas donde se habían refugiado los migrantes, en una clara acción de acoso.
Hasta ayer al mediodía, ninguna autoridad competente -ni siquiera la municipal de Palmar de Bravo- se había acercado al campamento de la caravana para hacer contacto con las víctimas, salvo visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, que tomaron algunas declaraciones de los agraviados y se marcharon.
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Foto: Especial
Vía: La Jornada de Oriente