23 organizaciones piden justicia y verdad en el esclarecimiento de crimen contra Manuel Gaspar Rodríguez en Cuetzalán del Progreso
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha ocultado la carpeta de investigación a abogados y familiares del ambientalista y defensor del territorio Manuel Gaspar Rodríguez, del integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular, organización integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA-MN), y miembro de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE AC), asesinado el pasado 14 de mayo, acusaron organizaciones sociales que adelantaron, llevarán el caso a tribunales internacionales.
En rueda de prensa, activistas, académicos, promotores de derechos humanos y ambientalistas exigieron a las autoridades judiciales incluyan en las líneas de investigación de la ejecución, el posible vínculo de su asesinato y los intereses afectados de Minera Autlan y del presidente municipal de Cuetzalan del Progreso, Oscar Paula Cruz.
El defensor del territorio antes de su ejecución habría recibido amenazas de muerte por participar en la organización comunal que logró frenar proyectos como; El Areton, y mantenía una resistencia con la “Línea de Alta Tensión Cuetzalan entronque Teziutlán II Tajín” y en la cancelación del “relleno sanitario” intermunicipal de Cuetzalan .
Representantes de MIOCUP CNPA MN, el Consejo Tiyat Tlali y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre también denunciaron que la FGE en este caso viola los códigos de los derechos de las víctimas reconocidos en el artículos 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 7 de la Ley General de Víctimas, pues el Ministerio Público se negó a aceptar el nombramiento de los asesores jurídicos de la familia, y una vez aceptado se niega a facilitar la carpeta de investigación a los abogados, violando el derecho al acceso a la justicia y la verdad.
“La ley establece específicamente que debe garantizarse a los familiares y los abogados que acompañan el caso, la participación y representación debida en el proceso de investigación dado que al inicio de la integración de la carpeta de investigación”, aseguró Violeta Valdés, integrante del MIOCUP CNPA MN
Manuel Gaspar Rodríguez, había recibido amenazas de muerte vía telefónica desde el año 2014, pese a denunciarlo autoridades omitieron brindarle protección o investigar el hecho. “Fue citado por la PGR en enero del 2018, y aunque se denunció el constante hostigamiento hacia su persona y su quehacer, el gobierno mexicano no atendió las exigencias de medidas cautelares y tampoco inicio investigación alguna al respecto, por lo que incumplió con su obligación de proteger sus derechos humanos, especialmente tratándose de amenazas hacia un defensor de derechos humanos”
En rueda de prensa por el asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, de @MIOCUPCNPAMN @cdhantonioeste, exigiendo una investigación diligente y cese de la criminalización de la defensa del territorio. pic.twitter.com/vVOKUyoO25
— IDHIE IBERO Puebla (@Idhie_Iberopue) 21 de mayo de 2018
En un nuevo posicionamiento 23 organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, colectivos y sindicatos exigieron se adopten medidas urgentes para cesar la criminalización en contra de organizaciones sociales y/o personas defensoras del derecho al territorio, el agua y los bienes comunes.
Además del castigo a los asesinos materiales e intelectuales del asesinato de Gaspar Rodríguez llamaron al cese del hostigamiento y agresiones a simpatizantes, militantes y dirigentes de MIOCUP CNPA MN. “Alertamos también del riesgo de agresión hacia otras organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos en la Sierra Nororiental y en el estado de Puebla por la lucha de resistencia que hemos dado”
El posicionamiento fue suscrito por el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Maxktum khawalaw chuchutsipi, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, la Asamblea Social del Agua y el Instituto de Derechos Humaanos Ignacio Ellacuría S.J. También por el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Tetela Hacia el Futuro AC, Siuamej maseual mosenyolchikuanij, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, la Agencia Timomachtikan AC y el Colectivo Voces de la Tierra.
El Centro de Estudios Ecuménicos, la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, Unidad Indígena Totonaca Nahua, la Liga Estudiantil Democrática, el Frente Estudiantil Educación para Todos, la Casa de Estudiantes Emiliano Zapata, el Colectivo Universitario para la Educación Popular y Pueblos Unidos en Contra de la Privatización del Agua.
RECOLECTAN FIRMAS
A través de la plataforma Change.org, se lanzó una petición Gobierno del Estado de Puebla dirigida a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), el gobierno federal Mexicano, al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida y al gobernador, Jose Antonio Gali Fayad. En ella se condena enérgicamente el asesinato, exigiendo a los gobiernos Estatal y Federal castigo a los autores del crimen.