El Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género analizó la resolución del TEPJF sobre paridad y violencia política contra las mujeres.
Hace 20 días el Congreso de Tlaxcala aprobó un paquete de reformas electorales en materia de paridad de género y violencia política en razón de género, sin embargo, se encuentran pendientes aún reformas que garanticen la paridad en la integración de las comunidades indígenas -regidas por usos y costumbres- y ayuntamientos de la entidad.
Durante el conversatorio “Resolución SUP/JRC/0014/2020: Razones y Alcances. ¿Qué decide el TEPJF al emitir esta resolución”, organizado por el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, la consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Erika Periañez, señaló que, además de esos dos temas, hay vacíos legales que impiden “pasar de la paridad en la postulación a la paridad en la integración de los órganos gubernamentales.”
La resolución del 5 de agosto emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que declara en omisión legislativa al Congreso de Nuevo León por no aprobar reformas sobre paridad de género, y en omisión relativa por no reformar sus leyes para tipificar la violencia política en razón de género, obliga a los congresos y órganos electorales estatales a revisar el marco jurídico de cara al proceso electoral y bajo la luz de los derechos humanos.
La sentencia no solo llama la atención de las legislaturas, también advierte a los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES) sobre su función en la elaboración de lineamientos que garanticen y tutelen esos derechos.
El investigador Jacobo Domínguez Gudin señaló que, para evitar el conflicto entre las normas que establecen que las reformas en materia electoral deben aprobarse 90 días y la resolución sobre la paridad, los magistrados debieron ejercer una especie de control de convencionalidad para emitir un precepto en Nuevo León y en otros estados donde no se hayan hecho las reformas tomando en cuenta que se trata de derechos humanos.
Esta posibilidad advierte a los Oples y tribunales locales sobre las facultades que tienen para garantizar, desde sus espacios, el derecho de las mujeres ya no como una concesión política de coyuntura, sino por razón de igualdad sustantiva.
En el Conversatorio además participaron la diputada Isabel Casas Meneses, las representantes del Observatorio Eréndira Jiménez Montiel y Silvia Nava, y el licenciado Juan Antonio Carrasco, en representación del magistrado del TET, Luis Manuel Muñoz Cuautle.