El rector Alfonso Esparza Ortiz destacó que también se pide respeto a la autonomía
De pie y con el puño en alto, unidos en una sola voz: ¡autonomía!, ¡autonomía!, ¡autonomía!, los consejeros universitarios de la BUAP aprobaron por unanimidad de votos exhortar al Congreso del Estado a abstenerse “de irrumpir en el ámbito de facultades que corresponden exclusivamente a la comunidad universitaria”.
El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, indicó que también se pide respeto a la autonomía de la institución, tal y como ocurre con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En entrevista, indicó que se trata de un documento totalmente fundamentado, específicamente basado en la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Mexicana, a fin de evitar una clara intromisión de LX Legislatura.
«Esperamos que lean completo el documento que está perfectamente fundamentado, motivado, todo lo que ha sucedido con experiencias también de otras instituciones y el acuerdo al que llegó la comisión respectiva y que validó por unanimidad este Consejo».
Cabe destacar que durante la cuarta sesión extraordinaria del Máximo Órgano de Gobierno de la Institución, Eduardo Monjaraz Guzmán, representante del Grupo de Enlace y Seguimiento, afirmó que la imposición de un órgano de control interno, como lo propone el gobierno del estado, violaría la autonomía universitaria consagrada en dicho artículo, pues se estaría consignando una excepción a la facultad de autogobierno y autorregulación de las universidades públicas autónomas.
“La autonomía es sinónimo de garantía y de calidad educativa, de la concentración y libertad de ideas, por lo que solo debe estar en manos de maestros y alumnos. Debe ser ajena a toda injerencia que afecte los fines constitucionales, pues solo así podrá exigirse a la Universidad los resultados demandados por la nación. Por lo tanto, no resulta constitucional ni legalmente posible que reciba órdenes o instrucciones de ningún órgano exterior en la toma de sus decisiones”.
Ante el pleno del Consejo Universitario, Monjaraz fundamentó que el límite razonable entre el ejercicio de la autonomía y el cumplimiento de los postulados del Sistema Nacional Anticorrupción, para validar la fiscalización de los recursos públicos, “no se logra con la creación de un órgano al que se le faculta revisar todas las actividades de la Universidad, pues las disposiciones reclamadas rebasan los fines de este sistema y vulneran el principio de autonomía universitaria, por lo tanto son inconstitucionales”.
Finalmente subrayó: “La Universidad nunca ha negado su responsabilidad de rendir cuentas, las evidencias que hemos sometido a través de los informes de auditorías internas, federales y locales, comprueban esa vocación de transparencia”.
Por consiguiente, “cualquier otro órgano de control interno nombrado por cualquier instancia, que no sea la propia Universidad, solo vendría a suplantar las atribuciones y facultades exclusivas de nuestra Máxima Casa de Estudios”.