El IMCO reveló que Tlaxcala es el cuarto estado con el mayor monto gastado en compras bajo procesos de excepción, un mecanismo que limita la competencia

El 63 por ciento del monto pagado en 2021 por compras realizadas por el gobierno de Tlaxcala fueron a través de procesos de excepción, un mecanismo legal pero que limita la competencia y es altamente susceptible a corromperse, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En su informe «Compras públicas estatales: ¿Dónde quedaron los datos?» publicado este martes, el IMCO, refiere que el gobierno de Tlaxcala es el cuarto estado con el mayor monto del gasto en compras bajo procesos de excepción, solo después de San Luis Potosí con el 78 por ciento del monto pagado de compras públicas; Zacatecas con el 71 por ciento y Coahuila con el 70 por ciento.

El instituto explica que un proceso de excepción aplica solo cuando las necesidades son urgentes o porque es inviable un proceso de licitación público, cuando involucra temas de defensa o seguridad pública, cuando una licitación se declara desierta y cuando es necesaria una negociación técnica y especial.

El IMCO obtuvo la información analizando los datos que los gobiernos estatales están obligados a publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Detectó que la PNT presenta ineficiencias que limitan el acceso a la información sobre las compras estatales. Además, la información que existe está fragmentada, tiene caracteres erróneos, no hay homogeneidad en la expresión de datos monetarios, las bases de datos están vacías, la información es insuficiente y los links llevan a páginas que no existen.

Con los escasos datos, el IMCO encontró que solo 41 por ciento de las instituciones públicas del gobierno de Tlaxcala registraron información sobre sus compras, ubicándose entre las 10 entidades con el menor número de registros.

Con la información publicada observó que Tlaxcala gastó dos mil millones de pesos en compras públicas. De estos, el IMCO detectó que Tlaxcala pagó al menos seis millones de pesos a empresas sancionadas o de reciente creación.

Sin embargo, destaca que más seis de cada 10 compras públicas las hizo bajo los criterios de excepción, lo que limitó la competencia y llevó los procesos a un nivel de duda razonable.

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