Un total de 166 funcionarios de los gobiernos de Puebla y Tlaxcala fueron sancionados en 2022 por faltas administrativas relacionadas con el mal uso de su cargo para obtener algún beneficio personal, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

A través del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (2023), el INEGI dió a conocer los datos sobre las denuncias presentadas contra funcionarios públicos por actos de corrupción y el número de sanciones administrativas no graves interpuestas durante el año pasado. 

Los datos revelan que el estado de Puebla ocupó el segundo lugar nacional, después de Nuevo León, con el mayor número de denuncias: un total de 106 contra el mismo número de funcionarios públicos por actos de corrupción. 

Por otro lado, 43 burócratas fueron sancionados por mal uso de sus funciones, aunque no ameritaron clasificarlas como delitos de corrupción y, en cambio, fueron procesadas como faltas administrativas; en este caso, Puebla ocupó el lugar número 19 en el ranking nacional sobre personal sancionado. 

Según el Censo, Tlaxcala no inició denuncias contra funcionarios públicos por el delito de corrupción; sin embargo, sancionó a 123 funcionarios y funcionarios por faltas administrativas, ocupando el lugar número ocho en el ranking nacional con respecto al personal sancionado, solo después de Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz y Tabasco

Este número para Tlaxcala representaría un aumento debido a que en 2021 no hubo registro de personal sancionado. 

Por otro lado, si se toma en cuenta el total de 166 sanciones de funcionarios de Puebla y Tlaxcala registrados el año pasado y se compara con los 44 reportados en 2021, habría un aumento de sanciones mayor al 200 por ciento. 

Un dato interesante es que, a diferencia de la tendencia nacional que indica que el 57.9 por ciento de los funcionarios sancionados o denunciados son hombres y el 42.1 por ciento mujeres, en la región Puebla-Tlaxcala los actos de corrupción en la administración pública estatal se inclina por el género masculino, con el 72 por ciento de los casos.

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