La pandemia mostró las deficiencias institucionales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.
El Colectivo Mujer y Utopía (CMU) ha registrado cuatro feminicidios en lo que va de 2021 y casos donde las instituciones obstaculizan el acceso a la justicia y la atención de mujeres víctimas de violencia durante el periodo de confinamiento y pandemia.
Durante el foro de análisis de contexto sobre la violencia y el acceso de las mujeres a la justicia, Alma Delia Morales, integrante del CMU, señaló que el confinamiento propició que la estancia prolongada de los hombres en los hogares incrementara y agudizara los casos de violencia contras parejas e hijos.
El Colectivo registró casos en los que ex maridos acosaron a sus ex parejas con el pretexto de ver a los hijos durante el confinamiento; del mismo modo, se incrementaron las expresiones de violencia en el noviazgo, cibernética, sexual y el acoso.
Lo anterior además mostró un déficit en la implementación de órdenes de protección o bien que la mayoría de los casos se canalizaran del Centro de Justicia para las Mujeres al Centro de Justicia Alternativa con el fin de conciliar casos de violencia de género.
“Preocupa que no haya órdenes de protección o que no se respeten, eso muestra que hay incapacidad de los operadores respecto a las situaciones de violencia; en los casos del Centro de Justicia Alternativa, sabemos que la mediación no es opción, está prohibida en casos de violencia contra las mujeres y sabemos que este tipo de agresiones son la antesala del feminicidio”, destacó Alma Delia.
En base a registros hemerográficos, el Colectivo identificó cuatro feminicidios en lo que va de 2021: dos en Calpulalpan y Contla, respectivamente; el caso de la localización de un cuerpo en Españita que, según el reporte, se trató de una mujer asesinada en Estado de México y localizada en Tlaxcala, y un caso de “suicidio”.
Al respecto, Alma Delia Morales mencionó que el acceso a la justicia se obstaculizó aún más con la pandemia, pero además visibilizó la falta de capacitación de los administradores de justicia en los niveles de gobierno municipal y estatal.
“Insistimos en que un incentivo eficaz para fortalecer el acceso a la justicia es que las mujeres que se encuentren en situación de violencia acudan a los espacios de procuración de justicia a exigir el acceso, nos son casos aislados, no son uno o dos.
«A veces las mujeres no hacen la denuncia porque a lo mejor los agresores ocupan un cargo político, son parte de policía municipal o policía estatal incluso son militares; en este contexto, la exigencia debe fomentar las capacitaciones del personal para fortalecer los espacios con profesionistas, que tengan los recursos personales y materiales así como los mecanismos para proteger a las mujeres y sus hijos», concluyó.