A un año del exhorto se carece de un plan interinstitucional y 2 mil empresas siguen contaminando el afluente, acusan activistas
A un año de la recomendación 10/2017 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la contaminación del rio Atoyac y sus afluentes, las 11 autoridades federales, estatales y municipales responsables no han aportado pruebas y tampoco han elaborado ni publicado el plan institucional de saneamiento.
Pobladores de los cinco municipios afectados señalaron que por esta omisión el gobierno federal y los gobiernos de Tlaxcala y Puebla reincidieron en la violación de las garantías individuales «a un ambiente sano», al acceso del vital líquido y a la información, así como por no establecer un plan interinstitucional que controle y disminuya las descargas industriales.
Durante un recorrido, realizado en los cuatro puntos donde descargan aguas contaminadas 2 mil empresas ubicadas en los corredores industriales Quetzalcóatl, Xicoténcatl y San Miguel, integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida exigieron a las autoridades recomendadas que integren a las organizaciones de la sociedad civil al grupo interinstitucional y detengan las obras, licitaciones y erogaciones programadas de la cuenca Atoyac-Xochiac, debido a que son acciones aisladas, ya que solo se enfocan a la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales sin señalar la importancia de las descargas industriales contaminantes.
“En este año hemos confirmado acciones aisladas de los gobiernos y municipios, enfocados a la construcción de plantas de tratamiento que no sirven para tratar descargas industriales. Esta simulación continúa afectando a más de 70 mil pobladores de Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla del municipio de Tlaxcala y de San Martín Texmelucan y Huejotzingo del estado de Puebla”, señaló Octavio Rosas-Landa Ramos, miembro del Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA).
Del mismo modo, exigieron que las autoridades responsables establezcan medidas para detener los vertimientos de aguas residuales en los cauces de los rios, arroyos y zanjas que sirven para el riego de hectáreas de cultivo.
Por último, la directora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez Serrano señaló que en caso de que las autoridades recomendadas no establezcan ni informen sobre el Plan de Saneamiento, solicitarán a la CNDH que comparezcan ante el Senado de la República por “el flagrante incumplimiento de la recomendación 10/2017.”
