Habitantes de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, del municipio de Chiautempan, marcharon hacia Palacio de Gobierno donde pedirán la liberación de Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi, presidente de comunidad y tiaxca, respectivamente, acusados por la PGJE del linchamientos de un hombre el pasado 15 de abril de 2022.
El contingente lo encabezan la señora Bertha Rosete y Alicia Meléndez, esposas de los exfuncionarios, quienes aseguran que ellos no participaron en el linchamientos ni incitaron a la población a concretar la llamada justicia por propia mano.
Comentaron que han enviado cuatro oficios, uno al gobierno federal y tres al gobierno del estado de Tlaxcala para que atiendan la petición y valoren las pruebas en contra de la imputación que ha hecho la procuraduría del estado.
El contingente cruzó por las principales calles de la ciudad de Tlaxcala rumbo al zócalo del estado, donde fijarán un posicionamiento y pedirán audiencia con el secretario de gobierno, Sergio González Hernández.
Específicamente, la PGJE los acusa por el delito de homicidio calificado en agravio de Alfredo Salgado, joven que perdió la vida en abril del año pasado durante el linchamiento en Tlalcuapan.
Es pertinente mencionar que la detención de los dos líderes comunitarios quitó tensión a una relación áspera entre el gobierno estatal y las comunidades indígenas de Chiautempan que han exigido su autonomía y el respeto de su gobierno basado en usos y costumbres; lo anterior, en un contexto donde han acusado a los gobiernos estatales de ser cómplices de la tala clandestina en la Malinche.
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