Agremiados acusaron a la directora general de PCET, Radahid Hernández López, de no dar respuesta a sus demandas pese al compromiso de la gobernadora de respetar los derechos de los trabajadores
Agremiados al sindicato 7 de Mayo amagaron con realizar una serie de movilizaciones a partir de la próxima semana ante la falta de respuesta para reconocer 15 jubilaciones ante Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PECT), una negativa administrativa que dicta la directora de la actual administración, además del retraso en el pago retroactivo del aumento salarial, la restricción a créditos, desabasto de medicamentos y la supuesta desincorporación irregular de un predio en Huamantla.
Quién se ostenta en la secretaría general del sindicato, Enrique Cortés Escobar, aún no ha recibido la toma de nota por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA), pero afirmó que esa no es razón para que se cometan irregularidades.
Tampoco se ha liberado el recurso de la caja de ahorro de los trabajadores, la cancelación de convenios con médicos, farmacias y laboratorios y el despido injustificado de trabajadores y desconocimiento de espacios de base que aplican para algunos municipios y organismos descentralizados, lo que ha violentado los contratos colectivos firmados.
Respecto al desabasto de medicamentos en las farmacias de esta dependencia, miembros del sindicato acusaron que el Módulo Médico ha instruido a médicos, farmacias y laboratorios a no facturar a trabajadores del gobierno del estado y que al representante sindical ante el Consejo del PECT, Luis Miguel Ordoñez Pérez, no se le ha permitido participar en las últimas acciones y decisiones.
De paso, denunciaron que actúa como en el gobierno de Mariano González Zarur, al pretender imponer una ley de forma retroactiva a los trabajadores lo que derivó en más de 100 juicios que resultaron favorables para los agremiados, a raíz de ello se firmaron convenios con la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez para evitar demandas, y continuar con los trámites de jubilación para que no haya más deudas.
Sin embargo, señalan, el gobierno en turno ha desconocido los convenios, alegando que no cumplen con la edad establecida de servicio para su jubilación llevando a las solicitudes a atrasarse hasta un año, lo que podría desencadenar en una serie de juicios y a su vez repercusiones económicas.
Por ello acusaron a la directora general de PCET, Radahid Hernández López, de no dar respuesta a sus demandas pese al compromiso de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, de respetar los derechos de los trabajadores, quienes amagaron con realizar movilizaciones que serán apoyada por sindicatos de cinco estados aledaños.