Juzgado federal aceptó esta mañana el amparo interpuesto por los representantes de la plataforma digital de servicio de taxis «Pronto».
Trabajadores y directivos de Pronto, plataforma digital tlaxcalteca de servicio de taxis, demandaron la liberación de cinco unidades y un trabajador retenidos en la Comisión Estatal de Seguridad (CES), debido a un operativo contra este tipo de transporte realizado esta mañana por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte) .
En entrevista, Nydia Cano, una de las impulsoras de esta plataforma digital, señaló que el operativo se dio minutos después de que el Juzgado Segundo de Distrito Judicial aceptara el amparo, promovido por los realizadores de Pronto, contra la prohibición de la plataforma por el gobierno local mediante un decreto publicado en Periódico Oficial del Estado en diciembre de 2017.
“La constitución nos protege, es necesario que el gobierno del estado regule a favor y no en contra el uso de la plataforma digital, sobre todo porque una empresa de este tipo garantiza dejar el dinero en el país, en el estado y a favor de los trabajadores”, mencionó Nydia Cano.
Alrededor de las 14:00 horas, cerca de treinta trabajadores de Pronto se instalaron afuera de las oficinas de la Comisión Estatal de Seguridad para pedir la liberación de uno de sus compañeros. Señalaron que la detención fue ilegal y que desde la mañana está incomunicado.
En la intensión de impedir que el conducto y las unidades fueran puestas a disposición de la PGJE, se registró un conato de enfrentamiento entre policías estatales y trabajadores de la plataforma digital, sin embargo el los elementos antimotines lograron replegar a los manifestantes.
Una hora después de permanecer en la CES, las autoridades locales decidieron dialogar con el representante legal de Pronto.
Sobre la situación jurídica de los trabajadores, Nydia Cano señaló que el servicio de taxis mediante plataforma digital está avalado por una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además de que la prohibición de la plataformas digitales no tiene peso jurídico si sólo es emitida por el Ejecutivo local, en este caso, resaltó, será ahora la justicia Federal la que analice y resuelva.