La puesta en escena es sobria, digna. Cinco mujeres, al parecer parte del pueblo wixárika, en el norte de Jalisco, comparecen ante la cámara, todas con pasamontañas negro, al estilo zapatista, las de delante con suéter y falda. La parte de arriba del vídeo está algo difuminada: llevar la cara cubierta puede no ser suficiente. Enseguida, una de las cinco, que lleva unos papeles en la mano, empieza a leer: “Buenas tardes, señor Mencho, comandante supremo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La presente carta es para su persona”.
La mujer lee la misiva, unos cinco minutos, dirigida a Nemesio Oseguera, El Mencho, presunto líder del CJNG. “Estamos cansadas de tantos atropellos que hemos padecido en nuestra región, por cobro de piso, extorsión, asesinatos injustificados, desaparecidos, todo lo contrario de los principios del CJNG, que usted comanda. Nos hemos informado de que el encargado de esta zona es un tal El Rojo, responsable de estos atropellos. Nunca en la vida nos habíamos sentido tan inseguros, tan impotentes, tan desprotegidos, hasta que llegó este hijo de… que tiene de encargado en la zona”, lee. Luego llegan las peticiones.
“Le queremos pedir a usted nuestro regalo de año nuevo: que nos quite a este vulgar bandido, El Rojo. Córtale la cabeza, mata al bandido ese. Con ese gesto le hará justicia a la gente de la zona norte de Jalisco. Mucha gente piensa lo mismo, pero no lo dicen por miedo. Segunda petición, de la manera más respetuosa, que el cartel que usted comanda respete nuestra cultura, nuestros usos y costumbres. Queremos seguir manteniendo nuestra forma de vida y sistema de gobierno”, concluye la mujer.
La escena ha llamado la atención en México, la enésima constatación del poder creciente del crimen organizado, elevado aquí a actor político de primer nivel. La mujer se dirige a El Mencho como “comandante supremo”, título reservado al jefe absoluto de las Fuerzas Armadas en el mundo castrense mexicano, esto es, al presidente del Gobierno. Pero no hay gobierno que valga en la carta de la mujer. Según cuenta, quien hace y deshace en los pueblos wixaritari, que habita áreas serranas de Durango, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí, además de Jalisco, es el crimen organizado.
Empiezan a ser habituales peticiones de este estilo en México, en las que el crimen, en general o en particular, como en el caso de las mujeres wixaritari y el CJNG, aparece como interlocutor. Esta semana también, el secretario de seguridad de Tamaulipas, Sergio Chávez, pidió “un poquito de conciencia a la gente que se dedica a actividades delictivas”, de cara a las elecciones de junio, en que el país elige presidente, además de cargos municipales y estatales en buena parte de sus regiones.
Pero estos son solo los últimos dos ejemplos. En estos años, colectivos de familiares de personas desaparecidas han pedido treguas, alto el fuego y permisos a grupos criminales para realizar búsquedas en zonas sometidas supuestamente a su dominio. En julio, por ejemplo, un colectivo de Salamanca, en Guanajuato, pedía precisamente que se les dejara buscar libremente a los suyos, en zonas de bosque y campo, donde pocas veces se ve a las autoridades. Lo mismo hicieron colectivos de Veracruz y Sonora, o antes en la misma Tamaulipas.
Colocar a un grupo de delincuentes, en este último caso al CJNG, en el lugar del receptor de un mensaje así, invita a preguntarse por el Estado, su papel y sus capacidades. No hay una sola mención al Gobierno de Jalisco en el mensaje de la mujer wixárika, ningún reclamo o queja al Ejecutivo federal, al Ejército o la Guardia Nacional. Simplemente, no existen. En cambio, existe una idea de lo que es el CJNG, sus “principios”, supuestamente opuestos a lo que hace y deja de hacer El Rojo.
Si el mensaje es genuino, si no se trata de una especie de treta de algún grupo contrario al de El Rojo, su mera existencia muestra la enorme brecha entre partes de la sociedad mexicana y las instituciones. La mujer toma como garante del “sistema de justicia” wixárika a El Mencho. Por algún motivo, piensa que el CJNG en realidad rechaza “la extorsión, la entrega de cuotas” por parte de los alcaldes, el “asesinato” y la “desaparición” de compañeros. Asume que eso es cosa de El Rojo y que, si llega otro “encargado”, la situación mejorará.
Nada hace pensar que esto fuera así, con El Rojo o sin él. Desde hace años, comunidades indígenas de todo el país sufren el embate del crimen, abonado a prácticas mafiosas como la extorsión, forma sencilla de conseguir dinero, devastadora en realidad para el tejido comunitario. El caso de Chiapas parece el más claro ahora mismo. Indígenas tseltales, tzotziles y demás pueblos sufren el reclutamiento forzoso del CJNG y el Cartel de Sinaloa, en pugna por el control de la zona fronteriza con Guatemala. Las denuncias por la intromisión de estos grupos en sus sistemas de Gobierno han sido igualmente constantes.
El mismo pueblo wixárika sufrió la pérdida en Jalisco del médico tradicional Rosendo González, asesinado junto a su nieto hace ahora dos años. El año pasado, criminales se llevaron al líder comunitario Santos De la Cruz en Nayarit. De la Cruz había liderado la demanda del pueblo wixárika para la restitución de casi 11.000 hectáreas de tierra. Las autoridades lo encontraron al día siguiente de su desaparición, vivo. En diciembre también, los wixaritari de Nayarit denunciaron igualmente el secuestro de uno de sus líderes, Maurilio Ramírez Aguilar, hallado con vida dos días después.
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Foto: EL PAÍS
Vía: El PAÍS