El Albergue La Sagrada Familia de Apizaco ha alertado a las autoridades estatales sobre la nueva dimensión que en Tlaxcala está tomando la presencia de redes de tráfico de personas y que, por el contexto de violencia local, podría estar vinculado a delitos como la trata, la desaparición y la explotación sexual infantil.
A través de un posicionamiento, la asociación civil dedicada a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, señaló que la localización en 2023 de mil 150 migrantes en diferentes municipios del estado y de las 726 personas localizada el pasado 14 de enero en Cuaxomulco, no solo pone en entredicho las acciones para garantizar su derecho a la movilidad y la seguridad, sino que alerta sobre la expansión territorial del delito.
“Es preocupante que estas cifras sean un indicativo de la dimensión que está tomando en nuestra entidad el tráfico de personas; al tiempo que indigna el ultraje, las condiciones crueles, inhumanas y degradantes en las que son movilizadas las personas, poniendo en riesgo su integridad al quedar expuestas a la perpetración de delitos como el secuestro, la trata de personas, la explotación sexual infantil y la desaparición de personas”.
Señalaron que la política migratoria del gobierno federal y las medidas de seguridad de la empresa privada de trenes ha obligado a los migrantes a modificar las rutas y formas de traslado, lo que ha representado para las redes de tráfico una oportunidad para la explotación.
Sin embargo, la preocupación más acuciante es que el tráfico de personas se esta arraigando en las comunidades como una oportunidad de negociar con la explotación y el tráfico de personas.
“Consideramos como un desafío que este tipo de prácticas delictivas estén encontrando arraigo en nuestras comunidades, como lamentablemente ha sucedido con delitos como la trata de personas; situación que nos interpela como sociedad tlaxcalteca y nos demanda acciones para prevenir estas prácticas”.
Por ello, exigen a las autoridades garantizar los derechos humanos de los migrantes; que el combate al tráfico de personas no se utilice para endurecer las políticas migratorias; que no se utilice el tema con fines propagandísticos; que consideren a las personas migrantes como víctimas y prioricen la condición que las obligó a migrar, y que sociedad y gobierno estatal diseñen programas en las comunidades para que el tráfico de personas no se arraigue como una condición de explotación y negocio como la trata de personas en Tlaxcala.
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Foto: Especial