Activistas dieron a conocer que de enero del 2020 a agosto del 2021 se publicaron 420 fichas de búsqueda
El gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez que está a días de concluir, actuó de manera omisa en sus tareas de búsqueda de personas desaparecidas, persecución y sanción a los responsables, en gran medida porque las instituciones se negaron a activar -de manera oportuna- los mecanismos de búsqueda inmediata de niñas, mujeres y adolescentes.
Sobre el tema, la directora de la asociación civil Yureni, Miriam Pascual Jiménez mencionó el caso de la niña Karla Romero Tezmol que a cinco años de su desaparición no existen pistas concretas sobre su paradero, su familia y sus exigencias siguen siendo invisibilizadas por parte del Gobierno del Estado que está por concluir.
Respecto a la desaparición de niñas, mujeres y adolescentes en Tlaxcala, y la deuda del actual gobierno sobre el tema, las asociaciones como Yureni, el Colectivo Mujer y Utopía (CMU), y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) dieron a conocer que de enero del 2020 a agosto del 2021 se publicaron 420 fichas de búsqueda de las cuales 108 permanecen sin ser localizadas, lo que representa el 25 por ciento de los casos; y solo en 16 de las fichas de búsqueda cuentan con un mecanismo de búsqueda ya sea Alerta Amber o el Protocolo Alba.
Incluso, calcularon que de enero de 2020 a agosto de 2021 únicamente se activaron 10 mecanismos de búsqueda inmediata por cada 100 desapariciones denunciadas en Tlaxcala.
Es decir, en la entidad existe un 90 por ciento de omisión en la aplicación de los protocolos de búsqueda, y solo un nueve por ciento de activación de esos mecanismos.
Al respecto señalan que “la constante negativa de las autoridades por activar estos mecanismos responden a las graves omisiones y prácticas machistas que se mantienen en las instituciones. Lo que ha colocado en grave riesgo a las niñas, niños y mujeres”.
Explicaron que la Alerta Amber y el Protocolo Alba son mecanismos de búsqueda inmediata de mujeres, niñas y niños, que tienen por objetivo disminuir los riesgos de ser víctimas de delitos como la trata de personas o feminicidios.