Madre de la víctima confiesa que viven con temor por amenazas constantes de padres y maestros
Estudiantes de la telesecundaria Jaime Torres Bodet acusados de violar y torturar sexualmente a Guadalupe N, su compañera, faltaron a la primera audiencia que se realiza a un año de los hechos registrados en Calatepec, en el municipio de Tlatlauquitepec. La audiencia fue diferida a una fecha que no se precisó.
Al salir de la Audiencia Inicial de Formulación de Imputación en el proceso 6/2018/JEJA, la madre de la adolescente aseguró que la audiencia fue diferida por ausencia, pero que no le fue proporcionada la fecha de la segunda reunión que podría realizarse en no más de 18 días.
Aseguró que le fue informado que de continuar con la negativa de presentación, los agresores serían custodiados por Policía Ministerial.
Sonia Escobar reveló que el proceso por el delito de violación finalmente llegó a las autoridades luego de muchos intentos para que la Fiscalía General del Estado (FGE), abriera una carpeta de investigación, sin embargo se lleva a cabo sin medidas cautelares, pese a que la familia ha sufrido acoso y amenazas de muerte de parte de padres de los responsables y maestros que le obligaron un exilio forzoso de su comunidad.
“Vivimos con mucho miedo, temo que se cumplan las amenazas de quienes agredieron a mi hija. Un padre de los responsables me llamó y dijo que los maestros se están poniendo de acuerdo para vengarse de nosotras, que mejor le paremos a la acusación”, dijo a URBANO, Sonia Escobar.
Esto a pesar de que en Puebla es vigente el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales que en el Título Sexto en el capítulo I establece las medidas de protección y providencias precautorias para las víctimas que van desde la separación inmediata del domicilio, traslado a albergues de la víctimas y familia hasta vigilancia policial.
Exigir justicia en Puebla en la práctica es “un infierno”, dice madre de la víctima
El 3 de mayo del 2017 Guadalupe N fue violada sexualmente por tres de sus compañeros al interior de un salón de clases, maestros y directivos de la Telesecundaria obstruyeron cualquier intento de denuncia de parte de las víctimas, primero negaron los hechos ante los padres de la niña de 13 años, luego tratando de convencer a los padres para no llegar a tribunales, esto desde la dirección escolar de la Secretaría de Educación Pública.
A esta violación tumultaria se sumó un largo proceso de búsqueda de justicia que Sonia describió “como un infierno”, Guadalupe fue sometida a tres exámenes de médicos legistas para acreditar la violación.
En el proceso destaca que a un mes, uno de los galenos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras realizar las pruebas y análisis correspondientes, acreditó el desgarre vaginal, sin embargo se negó a acreditar el delito de violación. Sonia confirmó que fue vuelta a citar, pues se atravesaba un período vacacional. Un nuevo diagnóstico finalmente hizo oficial la prueba de violación.
La madre de Guadalupe se dijo desesperada pues a partir del día de la agresión su salud de la chica ha mermado, sus pies se han hinchado y con sus uñas se ha provocado daños en su cara. Con vidrios se ha provocado heridas.
“No puede dormir, no quiere comer… su cabello que llegaba a la cintura lo hemos tenido que cortar pues ella se lo mochó. Se agrede, sufre. Yo creo que siente que tiene la culpa. Esto ha sido lo más difícil. Yo seguiré exigiendo justicia, siempre, esto tiene que tener un fin”, insistió Sonia.
Abogadas de senadora le pidieron parar el proceso
La familia de Guadalupe N denunció que dos abogadas del equipo de la senadora priísta Lucero Saldaña se acercaron a ella ofreciéndole ayuda legal, pero luego de conocer la carpeta de investigación le trataron de disuadir para que no se presentara a la audiencia que se realizó hoy.
“Aunque hay pruebas físicas de la violación sexual a mi hija, estas personas me dijeron que la carpeta estaba hecha a favor de los agresores, que yo no iba a conseguir nada, que mejor lo dejara así pues estaba acusando a menores de edad y los iba a hacer llorar. Me aconsejaron que hablara con mi hija pues lo que ella necesitaba era atención”, narró.
Victimas, revictimizadas
Natalí Arias, presidenta del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social AC (CAFIS) y Gabriela Cortez directora de El Taller, se manifestaron previo a la audiencia exigiendo a autoridades se aplique justicia con perspectiva de género.
“Estamos aquí para recordarle a este juzgado que tiene en sus manos la posibilidad de generar un precedente respecto del acceso a los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes y para demandar que este caso se encuadre en el Protocolo para juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un compromiso nacional e internacional para quienes imparten justicia”, dijo Hernández que describió que esta familia fue revictimizada, sufrió acoso, desprestigio y deslegitimación en su comunidad.
“Las víctimas son víctimas también del sistema de justicia. Es necesario que se difunda el derecho de quien fue agredida”.