Tlaxcala debe modificar la forma en la que detiene y procesa a las personas privadas de su libertad, advierte el estudio «La reinserción social. Propuestas de la LXV Legislatura» del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
El Cuaderno de Investigación No. 96 publicado este miércoles, señala que el acceso a la justicia debe pasar por detenciones transparentes y apegadas a la legalidad y los derechos humanos.
Lo anterior adquiere importancia cuando las cifras compiladas por el Senado de la República, principalmente la ENPOL del INEGI, revelan que en Tlaxcala el 63.6 por ciento de las personas detenidas fueron incomunicadas, aisladas y amenazadas con levantarles cargos falsos 42.3 por ciento fue desvestida en presencia de policías y 41.6 por ciento fue amenazada con hacerle daño.
Este porcentaje es mayor en todos los criterios al promedio nacional que fue menor al 35 por ciento de los detenidos que vivió alguna de estas circunstancias.
Los datos además indican que en Tlaxcala 46 por ciento de los detenidos fueron agredidos físicamente, recibieron patadas o fueron aplastados; el 22.8 por ciento fueron asfixiados o ahorcados, golpeados o atados.
Sobre los derechos de los presentados, 30 por ciento dijo que no lo evalúo un médico durante su presentación ante el Ministerio Público y a 40 por ciento no les dijeron de qué se le acusaba, además de que en el 50 por ciento de los casos el agente del MP no se identificó como autoridad y fue presentado el detenido con lesiones causadas durante su detención.
El estudio se enfoca en la situación nacional para concluir que son urgentes políticas públicas que se refieran a mejorar las condiciones de los penales y los procesos de detención, presentación y proceso de las personas inculpadas.
Una de los aspectos positivos para Tlaxcala fue su correcta división en los penales de las personas sentenciadas y sin sentencia, aunque falla en el porcentaje de las personas detenidas que están privadas de la libertad sin tener sentencia, en este caso se encuentran 68.7 por ciento y sólo 31 por ciento tienen sentencia condenatoria.
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Por: Iván Muñoz
Foto: Agencia Enfoque