También presentaron propuestas para la protección de especies forestales y derechos laborales de personas con discapacidad
En sesión ordinaria, la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó, por unanimidad, un exhorto dirigido a los 214 ayuntamientos y los tres Concejos Municipales del Estado de Puebla, para que en el supuesto de no tener un Atlas de Riesgo Municipal o no se encuentre actualizado, en el ámbito de su competencia, lo formulen, lo actualicen y publiquen.
De la misma manera, que se lleven a cabo actividades que promuevan, difundan, alienten y concienticen a la población en el ámbito municipal en materia de gestión de riesgos y protección civil.
Al respecto la diputada Tonantzin Fernández Díaz expuso que todos los ayuntamientos deben de tomar las medidas necesarias para prevenir y disminuir riesgos de protección civil, por lo deben de tener un Atlas de Riesgo actualizado y publicado.
Reforma para proteger especies forestales
En otro momento de la sesión se dio lectura a la iniciativa por la que se reforma la denominación de la Sección 3 del capítulo III del Título Segundo, y las fracciones XXXII y XXXIII, y se adiciona la fracción XXXIV al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Puebla, en materia de protección de las especies forestales.
Al hacer uso de la palabra la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia explicó que la iniciativa tiene la intención de establecer que le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, entre otras atribuciones, realizar acciones que permitan la protección de las especies forestales, que se encuentren amenazadas o en peligro de extinción.
Espacios Laborales para personas con discapacidad
Mediante otro punto en el orden del día se dio lectura a la iniciativa por la que se reforma el artículo 276 de la Ley Orgánica Municipal, para garantizar la contratación de personas con discapacidad en el servicio público municipal.
En Tribuna, la diputada Isabel Merlo Talavera explicó que se busca que los ayuntamientos tengan con un mínimo del tres por ciento de servidores públicos, que cuenten con algún grado de discapacidad y los inmuebles deberán tener condiciones de accesibilidad.