El ex diputado local José Luis Garrido Cruz y el ex priista Carlos Alberto Sánchez Montes no regresarán, por el momento, a la escena política de Tlaxcala, pues el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) ha negado el registro a las organizaciones que encabezan «Unificación y Evolución» y «Ciudadanos por Constituirse en Encuentro Solidario AC».
El registro les fue negado por «tratar de engañar a la autoridad electoral» durante el proceso de constituirse como partidos políticos locales.
La decisión del árbitro electoral ha dejado fuera por ahora el proyecto de estos dos actores políticos que se suman a los otros dos declarados por el ITE fuera del proceso por violar las normas electorales y que también encabezan ex funcionarios públicos defenestrados por sus partidos.
En sesiones consecutivas celebradas la noche de ayer, el Consejo General del ITE determinó no otorgar el registro a Unificación y Evolución por abrir la cuenta bancaria para la fiscalización de sus recursos de manera extemporánea, no haber registrado las aportaciones en especie al valor del mercado, no entregar comprobantes de gasto, tener irregularidades en contratos para bienes y servicios y no indicar el material usado en diversas asambleas.
Destaca que la organización que encabeza el ex priísta Carlos Alberto Sánchez Montes, logró validar 41 de las 47 asambleas, lo que le permitió la legitimidad a un paso de constituirse como partido político, sin embargo, las irregularidades financieras señaladas por el ITE ameritaron dejarlo fuera del proceso.
Además, la organización deberá pagar una multa de 160 mil 81 pesos por las observaciones detectadas y será acreedora de una amonestación pública.
Por su parte, la organización que encabeza el ex diputado local José Luis Garrido Cruz y ex dirigente estatal del desaparecido Partido Encuentro Solidario (PES) de ala ultra conservadora, deberá pagar una multa de 235 mil 91 pesos por al menos cinco irregularidades, entre ellas, no haber acreditado la propiedad de inmuebles donde recibió aportaciones en especie, la documentación financiera no cumplió con los requisitos fiscales y no registró las aportaciones en especie al valor del mercado.
Al respecto, la consejera Yedith Martinez Pinillo señaló que la decisión de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización se basó en la valoración legal de las irregularidades a la luz de criterios democráticos y transparentes; por lo que la comisión detectó que el fin de las omisiones era «engañar a la autoridad electoral».
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