Con la finalidad de que el gobierno del estado cuente con las disposiciones legales necesarias que le permitan concesionar, hasta por 30 años, los caminos y carreteras que cruzan y comunican la geografía estatal, con lo cual, podrían establecer el cobro de peaje en las vías existentes o futuras, diputados locales aprobaron unas adiciones a la Ley de Comunicaciones y Transportes en el estado de Tlaxcala.
Además, con apenas 17 votos, de los diputados que llegaron a la sesión, validaron una adición esta misma norma para que el gobierno estatal pueda poner en marcha el proyecto del Autotrén, previsto para funcionar en la capital del estado y otros similares, ello al facultarlo para que otorgue concesiones para la creación del sistema de transporte de pasajeros basado en tecnologías.
Los diputados esperaron hasta la última sesión ordinaria de este año para aprobar, este jueves, la adición de todo un capítulo a la Ley de Comunicaciones y Transportes en el estado de Tlaxcala, para crear el Sistema de Transporte Público de Pasajeros Mediante Alternativas Tecnologías de Movilidad Sustentable.
Las adiciones legales, justificaron los congresistas, tienen el propósito de garantizar que el Estado cuente con condiciones normativas para crear un Sistema de Transporte Público de Pasajeros, mediante alternativas tecnológicas de movilidad sustentable, y otorgar concesiones en esa materia y para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y carreteras estatales, garantizando la movilidad sustentable e infraestructura carretera que satisfaga las necesidades y demandas de las y los tlaxcaltecas.
“A través de proyectos de transporte y de nuevas vías de comunicación más eficientes y sustentables se crean redes dignas y resilientes, al mismo tiempo que se reduce la congestión vehicular de las zonas metropolitanas. De igual manera, un sistema público de transporte eficiente permite que los municipios destinen menos recursos a este rubro, además, impactaría directamente en el fortalecimiento de sectores clave como lo es el turismo, mejorando también la seguridad público”.
Esto, dijeron, “con el propósito de favorecer el desarrollo y consolidación de proyectos en el Estado que, mediante la innovación tecnológica, movilidad sustentable e infraestructura carretera se traduzca en factores decisivos para detonar nuevas y mejores condiciones de bienestar y calidad de vida en beneficio de la población.
El dictamen aprobado por mayoría de votos, prevé la creación del Sistema de Transporte Público de Pasajeros, “mediante la implementación de alternativas y soluciones tecnológicas de movilidad sustentable para el mejoramiento y preservación del medio ambiente, que contribuyan a una gestión eficiente, tendente a la automatización, así como, a la reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos”.
Dicho sistema, será analizado con la participación de los municipios, en cuyo territorio deba implementarse, pero el Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, deberá “implementar un modelo de transporte colectivo, con operación regulada, recaudo centralizado, que opere de manera exclusiva en vialidades con carriles reservados para el transporte público, total o parcialmente confinados, pudiendo ser a nivel, subterráneos o elevados, con paradas determinadas e infraestructura para el ascenso y descenso de pasajeros, en estaciones ubicadas a lo largo de los recorridos, con terminales de origen y destino”.
Para ese fin, la Secretaría de Movilidad aprobará la realización de las etapas correspondientes, al determinar en cada caso las vialidades o derroteros en las que operará dicho Sistema, generando los esquemas más adecuados para satisfacer las necesidades de transporte público de pasajeros”.
La nueva norma prevé que el gobierno del estado podrá concesionar a personas, físicas y morales, la prestación del servicio de transporte público de pasajeros para la operación del Sistema de Transporte Público de Pasajeros Mediante Alternativas Tecnologías de Movilidad Sustentable, en las etapas correspondientes y en las vialidades o derroteros que se definan para tales efectos, “en función de las necesidades que dicte el interés público, con base en la normatividad aplicable en la materia, que enmarque la participación de los sectores público y privado para el desarrollo de infraestructura de movilidad pública o privada y la prestación de servicios públicos”.
Para acceder a dichas concesiones, los diputados fijaron que tendrán preferencia “las solicitantes que sean personas físicas o morales, legalmente constituidas conforme a la legislación mexicana, que posean avances tecnológicos considerables para la prestación del servicio de forma segura y asequible al usuario.
Dichas concesiones tendrán una vigencia de hasta 30 años, misma que deberá ser autorizada por el Congreso del estado y dicho termino podrá prorrogarse por un período igual.
Sin embargo, dispusieron que la Secretaría de Movilidad podrá otorgar concesiones a particulares, para el uso, aprovechamiento o explotación de las vialidades de jurisdicción estatal en las que se determine la operación del citado sistema, o cualquier otro análogo, privilegiando el desarrollo de nuevas carreteras.
De paso, los legisladores aprobaron la autorización al Ejecutivo local para que concesione, hasta por 30 años, los caminos y carreteras que cruzan y comunican la geografía estatal.
“La Secretaría de Movilidad y Transporte, por conducto de su titular y previa emisión de la convocatoria, podrá concesionar a personas físicas o morales la prestación de dicho servicio, conforme a lo establecido en la presente ley y en función de las necesidades que dicte el interés público, con base en la normatividad aplicable en la materia que enmarque la participación del sector público y privado para el desarrollo de infraestructura de movilidad pública o privada y la prestación de servicios públicos.
“Las concesiones se otorgarán a sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, y los reglamentos respectivos. La concesión se otorgará hasta por un plazo de 30 años, previa autorización del Congreso del estado, y podrá ser prorrogada”, hasta por un plazo similar al primero.
De manera precisa, la norma establece que las personas que busquen una concesión de las carreteras y caminos estatales, deberán cumplir diversos requisitos, pero sobre todo, deberán dar a conocer “los precios y tarifas (que deberán pagar) para el usuario, el proyecto técnico en su caso, así como las contraprestaciones ofrecidas por el otorgamiento de la concesión”, lo que confirmaría la privatización de esas vías de comunicación estatal.
Incluso, en uno de los numerales del dictamen establecieron que “todas las concesiones de carreteras o de autopistas otorgadas con anterioridad a la entrada de vigor del presente decreto, podrán reexpedirse o modificarse, para adecuarse, dentro de los 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor”.
Los diputados justificaron esta determinación al hacer suyo el argumento esgrimido por el diputado de Morena, Caballero Román, en el que justificó que facultar al gobierno estatal de las condiciones normativas para otorgar concesiones para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y carreteras estatales, generará beneficios para la entidad como “creación de nuevas fuentes de trabajo temporal y permanente, en beneficio de las familias con domicilio cercano a dichas vías”.
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Foto: Especial