“El auditor está siendo llevado al cadalso por el mismo grupo que lo llevó al trono”, criticaron los diputados del PAN

Con 36 votos a favor y tres abstenciones el Congreso de Puebla removió del cargo de titular de la Auditoria Superior de Estado (ASE), Francisco Romero Serrano ante la imposibilidad física y jurídicamente por estar preso en el penal de San Miguel y sujeto a un proceso judicial que llevará años en resolverse.

Esta tarde en Sesión Extraordinaria los integrantes de la LXI Legislatura dieron trámite a la destitución del auditor tal como se había acordado en la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que preside la diputada Olga Romero Garcí Crespo.

La morenista explicó que la ley faculta al Poder Legislativo a remover del cargo al titular del ASE por estar impedido para realizar el trabajo de fiscalización de 347 sujetos obligados.



En el debate, previo a la votación los diputados del PAN, Mónica Rodríguez de la Vecchia y Oswaldo Jiménez López, aseguraron que no se necesitaba de un proceso de remoción debido a que, a su decir, el nombramiento de Romero Serrano fue ilegal.

Explicaron que el 27 de diciembre de 2019 que se dio el nombramiento de Romero Serrano solo votaron 27 diputados, lo que no representaba las dos terceras partes para que fuera legal.

Ambos señalaron que esta remoción se dio por un desacuerdo entre el gobernador Luis Miguel Barbosa y Romero Serrano. “El auditor está siendo llevado al cadalso por el mismo grupo que lo llevó al trono”, dijo Jiménez Lopez.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, llamó atrevidos a los panistas por señalar una alineación de poderes para que se diera la remoción de una persona que en este momento está imputada por dos delitos.

En tanto que el diputado José Iván Herrera Villagómez dijo que no pueden responder sobre las acciones correctas o incorrectas de la pasada legislatura y que ahora el Congreso local se debe enfocar en elegir a un o una titular de la ASE que cuente con los requisitos necesarios para garantizar la continuidad del trabajo de fiscalización en el estado.

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