Evidenciaron su desconocimiento respecto al alcance e implicaciones de la AVGM, y mostraron rechazo al aborto legal
En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, las tres aspirantes a la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, Teresa Ramírez Cortés y María Antonia Aquino Trujillo, presentaron el examen público de oposición, que forma parte del proceso de designación previsto en la Constitución Política local.
Dicho examen fue aplicado por los integrantes del sínodo conformado por los profesionistas en derecho, Ramón Lazcano Fernández, Norma Estela Pimentel Méndez, y Marco Antonio Muñoz Guzmán, quienes al final del ejercicio entregaron su deliberación y resultados de la evaluación en sobre cerrado a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local para continuar con el trámite correspondiente dentro del proceso de designación de la próxima procuradora.
En la evaluación pública las tres integrantes de la terna que conformó la Gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, tuvieron cinco minutos para emitir una exposición inicial para exponer sus plan de trabajo y los motivos por los que aspiran a la titularidad de la PGJE, después contestaron tres preguntas hechas por los integrantes del sínodo que fueron previamente avalados por los integrantes del Pleno del Congreso local.
En sus intervenciones, las postulantes evidenciaron sus fortalezas, debilidades, y desconocimiento en temas de género, feminicidio, violencia contra la mujer, y una de ellas se pronunció contra la despenalización del aborto y proteger el derecho de la vida a través de reforzar los valores, además dijeron desconocer los alcances e implicaciones de la Alerta por Violencia de Género contra Mujeres (AVGM) en los 60 municipios de Tlaxcala.
La primera en presentar la prueba fue María Antonia Aquino Trujillo, quien con un discurso poco claro manifestó su interés en ocupar el puesto porque “es muy importante para disminuir el índice de la delincuencia” en el estado, ya que actualmente no hay respuesta de las autoridades lo que habrá de lograr con trabajo conjunto con las demás entidades federativas para “llegar al objetivo que es la procuración de justicia en todos los niveles”.
Al ser cuestionada respecto a los alcances e implicaciones que tiene la reciente declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra Mujeres para Tlaxcala, emitida por el Gobierno Federal el pasado 18 de agosto, la postulante contestó: “no tengo conocimiento de esa, de lo que usted me dice, no tengo conocimiento, pero sin embargo yo digo que deben seguirse todos los protocolos que están establecidos tanto en la Constitución local como en Derechos Humanos para darle el interés a esta situación porque si se deja al olvido pues definitivamente seguirán creciendo”.
Después tocó turno a Teresa Ramírez Cortés, quien hizo énfasis en la profesionalización a las y los trabajadores de las diferentes áreas de la PGJE, así como revisar el cumplimiento de requisitos del personal encargado, además consideró que es necesario combatir la corrupción que se presenta en el proceso de procuración de justicia, y hacer frente a los delitos de alto impacto.
Al ser cuestionada sobre la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de aprobar el proyecto contra la criminalización del aborto, Ramírez Cortés dijo que “también tenemos que respetar el derecho a la vida”, incluso manifestó que en el tema de la interrupción legal del embarazo se debe tener en cuenta más los valores y la ética “para estas cuestiones sexuales”.
Al final, le tocó el turno a Ernestina Carro Roldán, que está considerada como la carta fuerte de la gobernadora, y que actualmente ocupa el cargo de encargada del despacho de la PGJE, quien se mostró mucho más segura tanto en la exposición de motivos, plan de trabajo, y al contestar las preguntas de los integrantes del sínodo.
Ella hizo énfasis en la necesidad de reducir los tiempos de atención en la procuraduría agilizando la presentación de denuncias, así como garantizar a las víctimas del delito la atención oportuna y pugnar por la no revictimización, con el respeto a los Derechos Humanos.
Incluso sentenció que en Tlaxcala se deben diferenciar los delitos de alto y bajo impacto, para en estos últimos los mecanismos alternativos de solución de controversias que permitirán garantizar la reparación del daño y resolver esos conflictos de manera más pronta.
Mientras que en los delitos de alto impacto se debe emprender una investigación científica, para lo cual planteó dos vertientes que son el trabajo de gabinete y el campo de los hechos, aplicando la eficiencia y la eficacia a través de la profesionalización de elementos policiacos, ministerios públicos y peritos.