Cinco noches después de la muerte del joven de 17 años, Nahel M., a manos de un policía en medio de un procedimiento, aún por esclarecer, la insurrección en las calles se ha vivido entre manifestaciones pacíficas y actos violentos en diferentes ciudades de Francia.

El Gobierno destinó ayer 45.000 oficiales para responder al levantamiento social en las calles de diferentes ciudades.

Según el Ministerio del Interior galo, la noche del 1 de julio al 2 de julio fue «mucho más tranquila» comparada con las cuatro anteriores. Sin embargo, 719 personas fueron detenidas y ya se completan 3.000 personas aprehendidas desde el comienzo de las manifestaciones. 

También, el Ministerio del Interior publicó este domingo un balance sobre 45 oficiales heridos. No obstante, se desconocen cifras oficiales con respecto al número de víctimas civiles.

En la quinta noche las tensiones estuvieron concentradas en el norte de París, en donde se siguieron registrando manifestaciones, disturbios, barricadas y detenciones.

Denuncia de intento de homicidio en Francia

Otro hecho violento se registró en la residencia de Vincent Jeanbrun, alcalde de la comuna L’Haÿ-les-Roses, departamento del Valle-de-Marne y portavoz del partido político Los Republicanos, que fue vandalizada en la madrugada de este 2 de julio.

Un automóvil en llamas fue empujado hacia la residencia de Jeanbrun, en la que se encontraban su esposa y dos hijos menores del mandatario local. El político calificó este atentado como «una tentativa de homicidio» a través de su cuenta de Twitter. 

En la mañana del domingo 2 de julio, el fiscal Stephane Hardouin visitó el domicilio de Jeanbrun y detalló que la esposa del político y uno de sus hijos se encontraban heridos. Además, afirmó que encontraron una botella que contenía combustible en la escena del crimen.

Estado de emergencia descartado 

El gobierno de Emmanuel Macron descartó decretar el Estado de emergencia, una de las medidas reclamadas por la oposición conservadora, que daría ‘carte blanche’ al gobierno para implementar medidas discrecionales. El último registro en la historia francesa de un Estado de emergencia fue en 2015, tras los atentados yihadistas en la capital francesa. 

Hasta ahora la estrategia del gobierno se ha concentrado en apelar a la responsabilidad de padres y madres sobre los jóvenes menores de edad, que participan en las marchas, y en pedir la identificación de quienes comparten mensajes considerados violentos por el Gobierno en redes sociales. 

El ‘elefante en la habitación’

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU resaltó el 30 de junio su «preocupación» relacionada con actos de racismo en las filas de las fuerzas policiales en Francia. 

Ravina Shamdasaniportavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país europeo, en una rueda de prensa pidió examinar los «problemas profundos del racismo y la discriminación racial entre las fuerzas del orden».

Por su parte, desde Berlín, el portavoz de Gobierno, Steffen Hebestreit, aseguró que se «observaba con cierta preocupación» lo que ocurría en Francia. 

Reclamos similares ya habían surgido en mayo de 2023, tras las insurrecciones que tuvieron lugar en contra de la reforma pensional promovida por el presidente Macron. 

Japón, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Dinamarca y Estados Unidos, estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, habían manifestado, el 1 de mayo, su preocupación con respecto a la violencia policial y la discriminación racial en por el mantenimiento del orden en las calles francesas.

Vía france24.com

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