El Instituto Mexicano de la Competitividad informó que Tlaxcala obtuvo una calificación de 60 por ciento: gastó más de lo presupuestado y no lo destinó a lo reportado.
El 40 por ciento de los recursos presupuestados y ejercidos en 2015 y 2016 por el Gobierno del Estado se usaron de manera incorrecta y poco transparente, reportó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017 (IIEG 2017) del IMCO refiere que Tlaxcala obtuvo una calificación del 60 por ciento en el correcto ejercicio del gasto; en general, los gobiernos estatales obtuvieron un cumplimiento del presupuesto de 58 por ciento, debido a que gastaron más y no lo comprobaron.
El IMCO detectó que el gobierno estatal violó la Ley General de Contabilidad Gubernamental al no publicar de forma trimestral la información financiera sobre su gasto, y fue el segundo estado de la república con un gasto adicional al programado para 2016 del 41 por ciento, solo debajo de Morelos que gastó 48 por ciento más de lo programado por su congreso.
Refiere que si bien el año pasado el gobierno local gastó 19 por ciento menos para comunicación social, registró un gasto del 16 por ciento más de lo presupuestado para el pago burocrático, 29 por ciento más en educación y 63 por ciento más en salud.
El IMCO señala que estas inconsistencias se deben a que no existen mecanismos de rendición de cuentas sobre el gasto más de lo aprobado, además de que el Poder Legislativo no exige comparecencia de las autoridades y evita emitir opiniones sobre los informes trimestrales del gasto que emite la secretaría de Planeación y Finanzas.
En 2016 el gobierno del estado de Tlaxcala recaudó 42 por ciento más que el gasto presupuestado, a pesar de que había solo previsto el recaudo del 15 por ciento. Al respecto el IMCO concluye que en la entidad no se aplican los candados establecidos en la Ley de Disciplina Financiera para el destino de los ingresos excedentes, por lo que existe un gasto discrecional de las transferencias.
IMCO evaluó el comportamiento de los ingresos y egresos autorizados por los poderes legislativos; la información financiera de los activos, pasivos y patrimonio de la hacienda pública, y el destino y finalidad de los recursos públicos para programas, proyectos de inversión y actividades específicas de los estados para obtener el IIEG 2017.