Se solicita al Gobierno de México «buscar alternativas efectivas de política más próximas a lo establecido en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular».

El accidente de migrantes en Azumbilla y la detención de casi 700 migrantes en los límites de Puebla y Tlaxcala, en una sola noche, es un reflejo de la militarización de la políticas migratorias en el país, alertó el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE)  SJ, de la IBERO Puebla y el Servicio Jesuita a Migrantes México (SJM México).

A través de un comunicado, además acusó que 700 migrantes asegurados en una cifra muy grande que no es posible atender en la estación migratoria que solo tiene capacidad para 60 personas, y peor, son  instalaciones donde el IDHIE ha documentado maltratos, abusos y condiciones insalubres.

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Tras expresar «condolencias a las familias de las personas migrantes fallecidas y heridas» por el accidente del 12 de agosto, se sentenció que: «Las crecientes muertes y detenciones de personas migrantes internacionales en Puebla y otras partes de México y el mundo, siguen siendo resultado directo de las políticas migratorias que priorizan la militarización y la contención de flujos en tránsito irregular».

«Por el trabajo que hacemos desde hace varios años, sabemos que la capacidad del centro de detención de migran- tes (“estación migratoria”) en Puebla actualmente es de alrededor de 60 personas; que existen maltratos, abusos y condiciones insalubres, en particular para mujeres, familias y niñez, tratándose de un espacio que podría clasificar- se como un entorno socialmente torturante

Tanto el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la IBERO Puebla y el Servicio Jesuita a Migrantes México (SJM México) solicitan al Gobierno de México «buscar alternativas efectivas de política más próximas a lo establecido en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular».

Además se solicita a las autoridades migratorias y personal de los centros de salud: «A que se les ofrezca a las personas heridas por la volcadura de la camioneta toda la atención legal y médica que sea necesaria, respetando en todo momento sus derechos humanos como lo marca la ley».

También se exhorta al los «Sistemas Estatal y Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a asegurar la protección de los derechos e integridad de los menores de edad afectados por la volcadura de la camioneta».

Y finalmente, se pide a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes detenidas a partir de los operativos migratorios en Puebla.»

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