Tlaxcala fue en 2021 la tercera entidad, después de Guerrero y Chiapas, que más depende de recursos federales, mientras que Puebla se ubica en séptimo lugar
En 2021, los ingresos de los estados de Puebla y Tlaxcala dependieron en 90 por ciento de las transferencias federales e incluso hay municipios en los que las transferencias a través de fondos como el de Infraestructura Social Municipal (FISMDF) constituyen la principal fuente de financiamiento local, revela el informe «Fiscalización superior del gasto federalizado de la cuenta pública 2021» de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Según el informe, Tlaxcala es la tercera entidad, después de Guerrero y Chiapas, que más depende de las transferencias federales, con el 94 por ciento de sus ingresos obtenidos mediante transferencias de recurso federal, mientras que Puebla se ubica en el séptimo lugar, con una dependencia del 91 por ciento.
La ASF señala que esta dependencia impacta en el desarrollo institucional de los municipios y su autonomía como entes recaudadores; sin embargo, lo anterior está relacionado con los niveles de empleo, educación y desarrollo económico de las regiones, acota.
Por ejemplo, Puebla fue la quinta entidad que recibió el mayor monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) durante 2021, con un monto de 5 mil 980 millones de pesos, lo que representa el 7.1 por ciento del total nacional; por su parte, Tlaxcala recibió apenas 1.1 por ciento, es decir, 895.7 millones de pesos, el octavo monto más bajo.
Lo anterior empata, al menos en el caso de Puebla con los niveles de rezago social, entidad que ocupa el quinto lugar sólo después de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, mientras que Tlaxcala ocupa el lugar 13 en rezago, según la estimación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y que es uno de los criterios para determinar las transferencias.
El gasto federalizado es el recurso que el gobierno federal transfiere a los estados y municipios a través de diversos fondos, subsidios y convenios para fortalecer al gobierno, el desarrollo social que implica salud, educación, trabajo y seguridad, y para fortalecer el desarrollo económico estatal.