Las acciones en la actualidad, dependen de la buena voluntad de los gobernantes.
Puebla requiere de una Ley Estatal de Migración que regule las obligaciones del gobierno local en la atención de migrantes, tanto de los connacionales que vuelven deportados del extranjero, como de quienes llegan de otros países a la entidad.
Así lo afirmó Arturo Villaseñor, presidente de la organización Iniciativa Ciudadana, quien consideró que la respuesta del gobierno de Puebla hacia la caravana migrante se ha quedado en el alcance de corto plazo.
Destacó la función que han tenido los albergues de San Juan de los Lagos y La Asunción, ambos manejados por la Pastoral Migrante, y en los que afirmó que se ha hecho una labor loable, a pesar de que la infraestructura de ambos espacios es limitada.
Por la parte oficial, apuntó que si bien se les han obsequiado colchonetas y cobijas, y se les ha dado asistencia humanitaria, no existe un plan de mediano y largo plazo para aquellos centroamericanos que decidan quedarse en el territorio poblano.
Agregó que tampoco hay una obligación legal de hacerlo, por lo que todo queda en el terreno de la buena voluntad de las autoridades.
Aseguró que lo mismo ocurre a nivel federal, donde las organizaciones civiles son quienes han tomado la batuta para abrir y organizar el trabajo de los mega albergues de la Ciudad de México, lo que ha generado una sensación de engaño por parte de las autoridades.
En ese contexto advirtió una grave crisis en caso de que el gobierno mexicano no aplique una verdadera política de largo plazo para integrar a los miembros de la Caravana Migrante a la vida social y económica del país.
Igualmente, advirtió que sin oportunidades de empleo y al encontrarse en una posición de vulnerabilidad, los centroamericanos podrían ser presas del crimen organizado.