Previo al encuentro con Barbosa, señalan que no todos los miembros de la Unión de Transportistas fueron invitados
Para concesionarios de transporte público de Puebla es necesario que la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT) agilicen los trámites de permisos para evitar el “pirataje”; mientras que en el servicio mercantil (taxis) se requiere un estudio sobre el número de unidades que circulan en la zona metropolitana.
De cara a la reunión que sostendrían autoridades estatales con transportistas este miércoles 30 de junio, Samuel Méndez Díaz, permisionario de la ruta 10, 25 y 22, señaló que no todos los miembros de la Unión de Transportistas –incluyéndolo—fueron invitados al encuentro.
Consideró que su presencia y la de sus compañeros quizá no fue requerida porque siempre han manifestado su inconformidad con las acciones que se pretenden emprender.
No obstante, señaló que es necesario que en el encuentro se exija celeridad en los trámites ante la SMT, pues consideró que el pirataje de unidades es fomentado por la omisión y retraso en la solución de trámites, pues no regularizan los vehículos que solicitan cambiarse de ruta o tardan meses en aprobar la operación de un vehículo nuevo.
“Hay 900 trámites parados, solicitudes de permiso que niegan, la gente está en trámites y les niegan, la omisión es de ellos –la SMT—no regularizan generan que las unidades sean piratas, el 85% tiene irregularidades”, acotó.
Alza de 2.50 pesos al pasaje no alcanza para modernizar unidades
Sobre la modernización, indicó que se requiere pactar la entrega de apoyos del Estado a transportistas tal y como lo hace con la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) para mejorar sus unidades.
Argumentó que el aumento de 2.50 pesos – que se dio desde octubre de 2019 – es insuficiente para renovar o equipar las unidades, ya que reciben 6.22 pesos por cada usuario debido a las tarifas preferenciales para estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados.
“El 51% son pasajes normales, el 31% de estudiantes, 11% de la tercera edad y 7% de personas con discapacidad, el pasaje divido queda entre 6.22 y 6.72 pesos por cada uno de 100 usuarios”, explicó.
También apuntó que es necesaria la apertura a otras empresas que ofrezcan tecnología para instalar cámaras de videovigilancia y botones de pánico en combis, microbuses y camiones.
Y es que, Méndez Díaz aseguró que varios concesionarios han dejado de pagar el servicio que habían contratado con la empresa “impuesta” por la SMT en el periodo de Guillermo Aréchiga Santamaría, pues sus costos son elevados y no funciona.
“El servicio de localización nadie lo está pagando es caro y no da el servicio, la gente ha tenido accidentes y no les han querido dar acceso a las cámaras porque dicen que están vinculadas a los sistemas de seguridad pública sin acceso a los particulares que lo contratan y si apachurran un botón de pánico no se atiende el llamado”, expresó.
Incluso refirió que actualmente los primeros respondientes a asaltos es la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con quienes están vinculados a través de grupos de WhatsApp.
CTEP propondrá estudio para determinar el número de taxis necesarios en Zona Metropolitana
Por separado, Erika Díaz Flores, presidenta del Consejo Taxista del Estado de Puebla (CTEP), lamentó que el gobierno del Estado utilizara sus redes sociales para promocionar convenios con DIDI y Uber, los cuales agradeció “ya fueron cancelados”.
Señaló que fue hasta la llegada de Elsa Bracamontes González a la SMT cuando se emprendieron operativos reales contra los taxis colectivos que operan de manera irregular en la zona de Periférico y Vía Atlixcayotl.
Indicó que, en la reunión que sostendrán con autoridades estatales solicitará que se aplique la Ley, pues los taxis ejecutivos no han renovado unidades, pese a que están obligados a no tener vehículos con más de 5 años de antigüedad.
También indicó que propondrá a Bracamontes González se realice un estudio integral –previsto en el artículo 24 de la Ley de Transporte– para determinar cuántos autos mercantiles se necesitan para brindar servicio a los ciudadanos en la capital y zona conurbada.
Lo anterior, con el objetivo de no saturar el parque vehicular circulante y no contaminar más la región.
Por ello, insistió que se necesita saber cuántos taxis mercantiles y ejecutivos deben existir, pues consideró que ya hay una competencia voraz contra su gremio.
Otra de las propuestas que tenemos es que no se permita la entrada de más aplicaciones como Pronto –que opera en Tlaxcala– pues varios de los socios de plataformas de transporte brindan servicios fuera de la aplicación.
Además dijo que las unidades del CTEP están abiertas a que si se regulan las aplicaciones de transporte implementar los mecanismos para hacer accesible sus servicios a los jóvenes poblanos que es el público al que están dirigidos.