Tlaxcala destina más de 200 pesos por habitante a su Congreso, mientras que Puebla solo invierte menos de 60 pesos
Los diputados de Tlaxcala son más caros que los de Puebla, según el «Informe Legislativo 2022, Presupuesto de los Congresos» del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Un diputado en Tlaxcala cuesta 200 pesos por habitante a su Congreso, mientras que Puebla destina menos de 60 pesos, para poder cubrir la dieta y pretaciones de los legisladores.
Aunque el Congreso de Puebla representa a más de seis millones de pobladores y el de Tlaxcala a apenas 1.3 millones, los tlaxcaltecas gastan más que los poblanos en sus diputados y sus órganos de fiscalización, encargados de cumplir con una de las tareas más importantes de los poderes legislativos.
Según el IMCO, un congresista de Tlaxcala le cuesta a sus ciudadanos 11.5 millones de pesos al año, mientras que a los poblanos les cuesta 5.5 millones.
Aunque este monto se ubica debajo del promedio nacional de 12.5 millones de pesos per cápita, Tlaxcala ocupa el lugar 15 con el mayor costo de sus congresistas estatales. Puebla, en cambio, ocupa la tercera posición nacional, después de Colima y Tamaulipas, con el costo per cápita más bajo.
El IMCO presenta el informe para exponer la asimetría presupuestal entre los congresos estatales, sus auditorías locales y la percepción de la población sobre cuánto invierten por cada diputado y un congreso en el que probablemente no se sientan representados.
De ese modo, el presupuesto para vigilar el uso de los recursos estatales en Puebla es el tercero más alto, debido a que del total del presupuesto destinado para 2022 al Congreso el 46.1 por ciento será para su auditoría estatal.
Sin embargo, en su distribución per cápita, cada tlaxcalteca gasta 69 pesos para funciones de auditoría, lo que significa el séptimo gasto por ciudadano más alto, mientras que cada poblano aporta 29 pesos para la auditoría, el noveno más bajo.
La asimetría de presupuesto y su distribución supone para el IMCO una desigualdad con el desempeño de sus funciones sujetas a las presiones externas o desde los ejecutivos locales.
Por eso, propone establecer un tope del 20 por ciento del presupuesto total para auditoría y definir de forma clara el número de habitantes por congresista y un presupuesto per cápita más equilibrado.
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