Las agresiones a los comunicadores fueron ejecutadas por cuatro grupos: agentes estatales, crimen organizado, particulares y desconocidos.
Entre enero a diciembre del 2017 un total de 49 integrantes de los medios de comunicación dedicados a la labor periodística sufrieron agresiones en el estado de Puebla, siendo los autores de dichos actos violentos, cuatro grupos: agentes estatales, crimen organizado, particulares y desconocidos. En el primer grupo se integra a funcionarios públicos de todos los niveles y elementos de las policías estatales y municipales.
Lo anterior se desprende de un reporte elaborado por el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos donde se especifica que las agresiones se registraron en 21 municipios, destacando entre los 5 más peligroso para el ejercicio del periodista: San Martín Texmelucan con 8 casos denunciados, Tehuacán con siete, Puebla y Teziutlán con cuatro cada uno y Tecamachalco con tres.
Durante el 2017 este Colectivo intervino en los 49 casos de agresión a comunicadores, los que recibieron desde amenazas de muerte y agresiones físicas hasta situaciones que obligaron al desplazamiento, lo que «puso en evidencia la falta de respeto a la actividad periodística y la inobservancia de la ley por parte de la autoridad local para salvaguardar la seguridad de los comunicadores, que fueron acosados a causa de su trabajo informativo, colocando al estado de Puebla como una de las entidades de mayor riesgo para el ejercicio periodístico en todo el país».
«En virtud de lo anterior, en este informe el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos hace votos para que en el 2018 el número de atentados contra periodistas y medios de comunicación vayan a la baja, refrendando nuestro compromiso para que a través de nuestra gestión se garantice la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos y de las y los periodistas que se encuentran en situación de riesgo real o potencial, a causa del ejercicio de su labor».
«Hacemos también un llamado a las autoridades locales a que dispongan de los recursos que prevé la legislación vigente, para que por encima de todo se pueda salvaguardar el derecho de los comunicadores a su ejercicio periodístico, y el de la sociedad a un acceso de información certera y veraz que fortalezca la sana convivencia social.La actividad periodística se ha convertido en unas una de las labores de mayor riesgo en el estado de Puebla, no sólo por la cantidad de ataques que en forma sistemática se lanzaron contra el gremio a lo largo del 2017, sino por la indolencia con la que actuó el gobierno estatal, a través de la instancia procuradora de justicia y de la Comisión de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, que se instaló en el mes de agosto de este mismo año».
En la mayoría de los casos en donde actuó el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, se tuvo que recurrir a la intervención de instancias federales, para la rápida atención de los agravios a los comunicadores y medios de comunicación, en donde se tuvo si no una eficiente respuesta, al menos sí una recepción inmediata de los casos que atentaron contra la libertad de expresión en el estado.
En el presente informe de actividades de este Colectivo, el primero que se expone públicamente para develar el estado que guarda la protección de los derechos de periodistas en el estado de Puebla, queda en evidencia la falta de probidad de las instancias estatales para salvaguardar el derecho de los comunicadores, sin detrimento de lo expuesto en los artículos 6, 7, 9 y 16 de la Constitución Política del país.
Del total de las agresiones registradas en el 2017, resultaron 40 hombres y nueve mujeres periodistas agredidas, en tanto que un colaborador del periodismo, un voceador, también resultó afectado por el clima de violencia, así como un medio de comunicación, una radio comunitaria, la que fue sacada de la frecuencia obligándola a dejar de transmitir al aire.
A diferencia de otras entidades del país, Puebla se distinguen también por ataques a la libertad de expresión. El número de atentados provenientes de grupos identificados con el crimen organizado, apenas representó el tercer nivel de riesgo, pues por encima de estos se ubican las agresiones realizadas por agentes estatales, en donde se incluyen alcaldes, funcionarios públicos, policías municipales y mandos policiales del estado y de los municipios.
De las 49 agresiones que se cuantificaron en el 2017 contra la libertad de expresión en el estado de Puebla, 17 de ellas fueron cometidas por particulares, 14 por agentes estatales, 11 por el crimen organizado, y siete por personas desconocidas, las que actuaron anónimamente con amenazas de muerte vía telefónica, principalmente.
LOS CASOS MÁS GRAVES
De todos los casos documentados a lo largo del 2017, los más graves son los que se registraron en los municipios de Chignautla, Tlacotepec y Vicente Guerrero. En Chignautla, la víctima recibió amenazas de muerte y secuestro contra él y su familia vía telefónica, mientras que en Vicente Guerrero, la víctima sufrió un intento de homicidio por parte de dos agresores, que lo dejaron con serias lesiones físicas y lo obligaron a desplazarse de su lugar de origen, siendo este el primer caso de desplazamiento que se registra el estado de Puebla.
En el caso de Tlacotepec, la víctima sufrió un intento de linchamiento, luego de hacer una cobertura periodística sobre el linchamiento de cuatro personas, siendo retenida en un taxi y obligada a borrar las imágenes levantadas sobre el suceso; fue retenida en el lugar y amenazada con “llamar al pueblo” si no borraba las imágenes de la cámara.
Cabe destacar el caso de Tecamachalco, en donde por primera vez el crimen organizado filtró una versión directa, a través de mensajes de texto, en donde puso “precio a la cabeza” de tres comunicadores que resultaron incomodos por su actividad periodística, siendo este el primer caso de su tipo a nivel nacional, lo que hizo que interviniera con una investigación directa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
