Tlaxcala es la segunda entidad con el mayor número de denuncias de mujeres privadas de la libertad víctimas de tortura con agravante de haberse cometido con violencia sexual.
Entre 2006 y 2021 suma 27 casos de abuso y tortura, mientras que en los centros de reinsersión de Puebla hay registro de ocho denuncias, indica el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometidos contra las mujeres privadas de la libertad en México, que publica la Secretaría de Gobierno.
De acuerdo con los datos, en la región centro del país se han documentado 214 casos de tortura sexual contra mujeres privadas de la libertad durante el periodo 2000-2021, Estado de México encabeza la lista, seguido de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala y Oaxaca.
En el 28 por ciento de los casos se presume que hubo tortura sexual y en el 72 por ciento se comprobó que las mujeres, principalmente de 30 a 39 años de edad, fueron sometidas por la fuerza y abusadas sexualmente.
Si bien el número de hechos de tortura sexual documentados por los Ceresos de Puebla y Tlaxcala son menores a los de otros estados, destaca que Tlaxcala ocupa el segundo lugar con el mayor número de denuncias por tortura sexual con 27 casos, mientras que Puebla tiene registro de ocho casos; solo por arriba de Tlaxcala se encuentra el Estado de México con 76 denuncias acumuladas y 34 interpuestas en la Fiscalía General de la República que tiene que ver con penales federales.
Sin embargo, el diagnóstico ubicó a Tlaxcala en el primer lugar de acuerdo a la tasa de denuncias por tortura sexual por cada 100 mil mujeres, es decir, 4.5 mujeres presas son víctimas de violencia en los CERESO, en Puebla la tasa fue de 0.3 por cada 100 mil mujeres y la media nacional de 0.4.
Otro dato que destaca el informe es que no hay registro de casos de hechos de tortura en Tlaxcala porque la entidad no entregó la información requerida en 2021. Esto muestra que alrededor de la problemática hay opacidad que no permite visibilizar la realidad de la tortura en las cárceles de los estados, también sobre las acciones de los poderes judiciales estatales para conocer y resolver estos asuntos.
Por ejemplo, en Puebla el poder judicial respondió que no cuenta con información sobre expedientes por tortura sexual, tampoco las áreas judiciales especializadas en materia de género saben de la problemática que viven las mujeres privadas de la libertad en los Ceresos.
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