En el periodo 2019-2023, los órganos internacionales de derechos humanos han documentado al menos cinco casos de periodistas y defensores de derechos asesinados o desaparecidos en la región Puebla–Tlaxcala.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) tiene el registro de dos personas asesinadas y otras dos personas ejecutadas extrajudicialmente en el estado de Puebla, y de una persona ejecutada extrajudicialmente en Tlaxcala, los cinco casos relacionados con su trabajo como periodista o defensores de derechos humanos.
Los datos corresponden al informe “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas” de ONU-DH México y la Embajada Británica de México. El informe documentó los casos de 150 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados o desaparecidos en México durante 2019-2023. De estos, 41 fueron periodistas asesinados, 90 defensores del medio ambiente y derechos de las mujeres y humanos, 13 desapariciones (ocho corresponden a defensores de derechos y cinco a periodista) y seis trabajadores de medios de comunicación asesinados.
Esta práctica, que atenta contra la libertad de expresión y los derechos humanos, no fue la excepción en Puebla y Tlaxcala, entidades que comparten casos con otros 27 estados de la República considerados peligrosos para ejercer el periodismo o el activismo social. Los estados con el mayor número de registros son Oaxaca con 17; Morelos, Sonora y Chihuahua con 12 cada uno y Guerrero y Michoacán con nueve cada uno.
De manera particular, el informe analiza cuatro casos de personas defensoras de derechos humanos y nueve casos de periodistas asesinados, entre ellos, el caso de Meztli Omixochitl Sarabia Reyna, defensora de derechos humanos de 40 años de edad asesinada en 2017, e integrante de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre.
Sobre este asesinato el informe destaca que la Fiscalía General del Estado de Puebla, con su actuación, no logro subsanar la desconfianza de la familia de la víctima que señalaron a la FGE como una institución utilizada históricamente para criminalizar a los defensores de derechos. Esto se agudizó cuando pocas horas después del asesinato el fiscal dijo que el asesinato estaba relacionado con una red de extorsión criminalizando de esa manera a la victima.
Sin embargo, el informe también destaca buenas prácticas que ayudaron a no solo dar con los responsables sino a que la víctima accediera a la justicia. Entre estas se encuentra la actuación de la policía de investigación que logró recabar y analizar videos para identificar a los responsables.
Empero, una mala práctica fue que los policías entrevistaron a locatarios del mercado donde habían asesinado a Meztli en el lugar de los hechos, lo que representó una práctica de intimidación y cohibición. Sobre este hecho hay dos personas detenidas y un largo historial de agresiones contra la organización y su líder Simitrio, padre de Meztli.
Por último, los datos generales importantes sobre estos delitos es que en el 30 por ciento las víctimas habían denunciado amenazas y en el 64.2 por ciento las víctimas habían recibido ataques previos, lo que alerta a las autoridades sobre la importancia de iniciar de manera inmediata investigaciones y activar las medidas de protección.
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