Desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigió a los estados actualizar los protocolos para investigar los homicidios de mujeres, incluso suicidios y accidentes, como feminicidio.
Puebla y Tlaxcala son dos de las 13 entidades del país que no han actualizado su protocolo para investigar el delito de feminicidio como lo exigió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2015 derivado del caso de Mariana Lima Buendía.
Lo anterior se desprende del análisis «Implementación del tipo penal de feminicidio en México» que realizó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en el que revela las investigaciones mantienen criterios de carácter subjetivo.
El caso de Mariana Lima Buendía, asesinada en 2010, fue el primero llevado a la SCJN por feminicidio. Tras la sentencia que condenó al agresor por ese delito, la Primera Sala concluyó que las autoridades locales debían actualizar los estándares de debida diligencia, perspectiva de género e investigar como feminicidio todas las muertes violentas de mujeres, incluyendo presuntos suicidios o accidentes.
Sin embargo, el último reporte del OCNF sobre los protocolos hasta 2018, revela que las autoridades de los estados de Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Durango, no investigan los homicidios de mujeres como feminicidio hasta no demostrar lo contrario, o cuando las indagatorias se inclinen hacia el delito por razón de género.
En el caso específico de Tlaxcala, el protocolo no actualizado mantiene el esquema de iniciar primero las investigaciones como homicidio doloso y, si hay pruebas, abrir investigación por el delito de feminicidio. En Puebla también se estila de la misma forma.
En este punto el ONCF señala que, en Tlaxcala los criterios para seguir este paso son “de carácter subjetivo imposibles de acreditar”, tales como comprobar la intención del agresor o si hubo motivos de odio o aversión hacia la mujer.