Puebla y Tlaxcala ocupan los últimos lugares en el Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, realizado por el organismo civil World Justice Proyect para medir los niveles de corrupción, seguridad, gobierno abierto, justicia penal y civil, derechos y equilibrio entre poderes en los 32 estados del país.
De acuerdo con los resultados, Puebla ocupa el lugar 27 en el ranking nacional sobre adhesión al Estado de Derecho con una calificación de 0.38 puntos donde 1.0 equivale a un gobierno con mayor adhesión al estado de derecho y 0.0 menor adhesión.
Tlaxcala supera a Puebla al ubicarse en la posición 18 con una calificación de 0.41 puntos, pero aún entre las entidades con un nivel débil en justicia, seguridad, equilibrio entre poderes y cero corrupción.
Los cinco mejor evaluados son Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán y Sinaloa, con calificaciones superiores a los 0.50 puntos; los peor evaluados son Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México y Morelos con niveles de 0.36 puntos.
Por estado, Puebla tiene una puntuación baja (0.29) en justicia penal, debido a la debilidad de su sistema para realizar investigaciones eficaces; procurar e impartir justicia eficientemente; garantizar el derecho de las víctimas a través de un debido proceso y por tener un sistema penitenciario poco respetuoso de los derechos humanos.
También tiene puntuaciones bajas en los subíndices sobre «Ausencia de corrupción» y «Justicia civil» (0.34), lo que significa que en el sistema las personas no conocen sus derechos; no hay justicia civil expedita, de calidad, asequible y sin procesos burocráticos; además, tiene nivel alto de corrupción en dos poderes: el Legislativo y Judicial.
Por su parte, en Tlaxcala aunque estuvo mejor posicionado que Puebla tiene calificaciones bajas en temas sobre justicia civil (0.33 puntos), cumplimiento regulatorio (0.34) y ausencia de corrupción (0.34). En este caso, hay niveles bajos en ausencia de corrupción en el poder Legislativo y jecutivo.
Sobre justicia civil, Tlaxcala tiene la peor calificación en el acceso a la justicia civil transparente, con asesoría legal, de calidad, expedita y accesible.
Por último, hay poca participación ciudadana debido a que no existe un gobierno abierto, con niveles de corrupción en dos poderes que se refleja en el mal funcionamiento de atención ciudadana y procesos administrativos claros y transparentes.
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