Desde inicios de 2023 el estado de Puebla permanece entre los 10 estados con mayor número de víctimas de feminicidio. A pesar del aumento de la violencia feminicida, solo en 2022 hubo una restricción.
Además que la entidad poblana se ubicó en el noveno lugar nacional con más víctimas de feminicidio registrados. La cifra representa un incremento, de mayo a junio de este año, del 75 por ciento con respecto a los meses de marzo-abril, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En entrevista con Urbano Noticias, Ana Laura Gamboa Muñoz, catedrática de la Ibero Puebla y responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria (IDHIE), señaló que esto refiere a que detectaron que en las carpetas de investigación solo se analiza en base a una razón de género.
Lamentó que a pesar que existe la Alerta de Violencia de Género en la entidad poblana, se registran más casos de violencia feminicida en 100 municipios. En este sentido, la capital de Puebla se ubica en el décimo quinto lugar a nivel estatal.
Cuestionó que las autoridades competentes no están investigando con base a las razones de género, existe omisión e impunidad en las indagatorias por parte de las autoridades. Dijo que detectaron que en las carpetas investigación iniciadas no corresponden a los casos que se analizan desde el IDHIE.
«Pedimos que las autoridades, principalmente la FGE, cumpla con investigar toda muerte violenta por razones de género que vulneran a las mujeres. Hemos observado que las mujeres, previo a que fueran asesinadas, vivieron algún tipo de violencia física, psicológica o económica y que los agresores, en su mayoría, son conocidos o sus parejas», refirió.
En este sentido, criticó que las autoridades solo aplican una de las 45 medidas para los casos de feminicidio que establece la Alerta de Violencia de Género (AVG) ya que existen tres tipos y debe tener medidas de prevención, medidas de seguridad y medidas de justicia.
«Pero solo se aplica el de seguridad, una de ellas que refiere sobre el modelo de atención integral para el modelo de actuación contra violencia de mujeres»
Urgió que las autoridades analicen estos casos como un problema de salud pública y no como un problema de tercera o cuarta categoría, además de invertir recursos para atenderlos, generar resultados eficientes y otorgar respuesta a las familias de las víctimas.
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