Lo anterior a propósito de la liberación de indígenas sin una defensa adecuada y que hayan cometido delitos del fuero federal
En las cárceles de Puebla y Tlaxcala hay 276 indígenas privados de su libertad y 286 personas mayores de 60 años. Las cifras sobre las características de la población en las cárceles de Puebla y Tlaxcala solo dan cuenta de su edad, si son parte de alguna población indígena y su estatus legal – donde el 70 por ciento de la población son presos sin sentencia – según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En general, las cifras refieren que en Puebla hay 259 presos indígenas, lo que representa el 4.5 por ciento de los 5 mil 679 presos que reportan las cárceles hasta 2020.
De estos, 183 están identificados con la población náhuatl, es de decir, el 70 por ciento; 39 son totonacos, 12 mazatecos y el resto se divide entre mixes, mixtecos, otomís, tepehuanos, tzeltales, tsolsiles y zapotecos. Respecto a la edad, hay 267 presos de más de 60 años.
En Tlaxcala hay 17 personas indígenas presas, 14 se identifican con la población náhuatl y tres ch´ol, maya y totonaco, lo que representa el 1.9 por ciento de los 890 presos en la entidad. Por su parte, 19 de los presos son mayores de 65 años y solo tres de cada 10 tienen sentencia.
Lo anterior a propósito de la liberación de dos presos tlaxcaltecas el pasado 15 de septiembre como parte del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para liberara a reos torturados, sin condena, adultos mayores de 70 años, adultos mayores de 65 con enfermedades crónicas, pero también a indígenas sin una defensa adecuada que cumplan con los supuestos establecidos y que hayan cometido delitos del fuero federal.
Según las estadísticas, en Puebla y Tlaxcala hay 780 personas privadas de su libertad por delitos del fuero federal, aunque de estos se desconoce cuántos son indígenas o cuántos entrarían en los criterios de pre liberación de acuerdo con la Ley de Amnistías publicada en el DOF en 2020 o el Decreto presidencial del 14 de septiembre.
Al margen, en estados como Chiapas y Oaxaca, las organizaciones de la sociedad civil han demandado que la Ley de Amnistía y el Decreto no disminuyan las causales para la pre liberación y que se extienda a los centros penitenciarios estatales, y no solo a los federales por los delitos del fuero federal, en el entendido de que la mayoría de los presos indígenas no llevan un proceso apegado a los derechos humanos o están encerrados sin sentencia.