La petición «¡Sanear el Zahuapan y no Taparlo!» señala que el proyecto tiene el objetivo de tapar el trazo de agua para convertirlo en una amplia red de drenaje.
En la sierra de Tlaxco, al norte de Tlaxcala, nace el río Zahuapan. Recorre planicies y barrancas hacia la parte central del estado. El tramo más visible y también el más contaminado es el ubicado en el centro del estado, donde las descargas industriales y urbanas lo tiñen de azul, amarillo, rojo y negro.
Actualmente forma parte de una petición dirigida a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para detener el Proyecto Integral del Corredor Urbano en el Río Zahuapan, iniciativa que busca construir terrazas con fines turísticos y comerciales en la zona centro del rio.
La petición «¡Sanear el Zahuapan y no Taparlo!» señala que el proyecto tiene el objetivo de tapar el trazo de agua para convertirlo en una amplia red de drenaje.
«La gobernadora decide realizar un complejo turístico lineal: su idea es tapar el río en la zona urbana, con una obra que tapará el problema que debería resolver saneándolo, debemos entender que resolver el problema no es taparlo, sino recuperarlo», refiere una parte de la petición creada en la plataforma el 1 de diciembre de 2022.
El río Zahuapan está ligado al río Atoyac y éste a uno de los problemas de salud pública y medioambiental más peligrosos para la región. La CNDH ha confirmado mediante la recomendación 10/2017 que la contaminación de los ríos por descargas industriales viola los derechos humanos a la salud, la información y a un medioambiente sano para pobladores de Puebla y Tlaxcala.
Al respecto, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local ha denunciado que el proyecto en el Zahuapan no responde a las recomendaciones de la CNDH sobre el saneamiento de los ríos, sino a intereses económicos y turísticos.
En dos días la petición apenas suma 460 firmas y se ha compartido más de 100 veces a través de redes sociales; para ser tendencia debe acumular 500 firmas y así progresivamente para enviarse al gobierno local como una demanda legítima.