El organismo autónomo permanecerá vigilante para que se cumplan los derechos de acceso a la educación
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordóñez Brasdefer, indicó que por el momento no tiene radicado ninguna queja de las “cuotas escolares”, aunque el organismo permanecerá atento ante cualquier violación a las garantías individuales de los estudiantes, que se les impida el acceso a la educación por no cubrir esa cuota o portar el uniforme que exijan directivos.
Pese a que en este momento no hay ninguna queja, admitió que en ciclos escolares pasados sí se registraron y la comisión dio acompañamiento a los padres de familia que fueron vulnerados los derechos de sus hijos por el tema de las “cuotas” y se esclarezca la situación ya que no son obligatorias.
En ese sentido, resaltó que el organismo autónomo permanecerá vigilante para que se cumplan los derechos de acceso a la educación, y que la falta de uniforme escolar o el pago de cuotas obligatorias no sea una condicionante.
Ordóñez Brasdefer, indicó que si los padres de familia no cuentan con las condiciones económicas para realizar la aportación relativa a las cuotas escolares, tampoco están obligados a hacerlo, por ello la CEDH turnará esa situación para que se respete el derecho del menor a la educación y si está en su posibilidad de dar una cuota voluntaria pero si no es así, no se puede coartar ese derecho.
Indicó que el hecho de impedir el acceso a un menor a alguna institución por el hecho de no pagar la cuota escolar, o por no llevar el uniforme pues se trata de una violación a sus derechos; de modo que el organismo ha fijado su postura a favor del uniforme único como ya lo estableció la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE).
La ombudsman dijo que el año pasado no hubo quejas, aunque la CEDH intervino para evitar el cobro de cuotas a los menores, pero debido al acuerdo al que llegaron los papás no fue necesario presentar la queja.
En los casos dónde se interpuso la queja, el instituto dio seguimiento para prevenir el hostigamiento o acoso al menor por parte de las autoridades, pues se trata de una situación que podrían enfrentar los padres de familia al negarse a pagar la aportación económica “voluntaria” o el uniforme escolar.
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