Genoveva Lino y Rosa María fueron víctimas mortales de violencia física; ninguno de los casos fue investigado con perspectiva de género
En la sierra norte de Puebla, los feminicidios van al alza; sin embargo la Fiscalía General del Estado (FGE) no los registra y dada la lejanía con la capital, se van quedando en el olvido como el caso de Genoveva Lino Molina, mujer indígena de la comunidad de Tzoquita Tepetzalan, Cuetzalan.
Ella falleció el pasado 14 de agosto tras ser agredida físicamente pero el dictamen del médico legista señaló que falleció «por causas naturales».
También está el caso de la quinceañera Rosa María, quien el pasado 20 de marzo no regresó a su hogar en Cuetzalan, tras haber ido a trabajar a una fonda. Tres días después su cuerpo fue hallado con huellas de violencia, el feminicidio tampoco se registró.
Es por ello que la Red de Organizaciones para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y la Equidad de Género en Nuestras Comunidades (RODMI) exige la destitución del agente del ministerio público José Martín Nicolás Flores Figueroa, así como el médico legista Efrén Durán Aguilar, quienes desde 2020 no hay registrado ni un solo feminicidio en Cuetzalan.
A través de un comunicado de prensa, la RODMI señaló que la violencia está presente en dicha demarcación y que hay feminicidios que no han sido esclarecidos, pero no sólo eso, sino que las autoridades los quieren invisibilizar investigándolos únicamente como suicidios, homicidios o muertes por enfermedad, no catalogándolos como una muerte en razón de género.
“Es otra omisión flagrante por parte del Ministerio Público y todo el sistema de Justicia estatal y el Ayuntamiento de Cuetzalan (…) no se actuó de manera expedita y con perspectiva de género. Caso que a todas luces debe ser investigado como feminicidio y no como muerte natural, como quieren hacerlo pasar”, señala sobre el caso de Genoveva Lino.
Exigen que el caso de Rosa María sea investigado como feminicidio, ya que la abogada de RODMI sólo recibe reportes sin sustento parte del jurídico del Ayuntamiento, Carlos Ulises Sánchez García, quien supuestamente da seguimiento al caso.
En el documento indicaron que las omisiones son graves y persistentes, como lo es la nula acción, revictimización e ineficacia del médico legista, de los ministerios públicos y del DIF municipal, así como el escaso apoyo o exigencia desde el Ayuntamiento del Municipio para que estos servicios sean prestados con sensibilidad y perspectiva de género.