Presentaron 17 mil firmas de respaldo de pobladores de Puebla y Tlaxcala que exigen el saneamiento de los ríos, reparación del daño y derecho a la salud y a un ambiente sano.
El jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), presidido por Javier Bogantes, deliberará el próximo viernes sobre la denuncia por omisión de los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, municipios e instituciones federales, para el saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan, y la garantía de los derechos humanos a un ambiente sano, a la salud y a la información de los pobladores que habitan a lo largo de los ríos.
Alejandra Méndez Serrano, Citlali Serrano Pérez y Alejandra Ramírez Varela, voceras de las organizaciones Centro Fray Julián Garcés, Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, presentaron en la XII audiencia pública del TLA las pruebas sobre la contaminación de la cuenca por descargas industriales de más de 20 mil empresas y su relación con una serie de enfermedades, así como la omisión de las autoridades para cumplir la recomendación 10/2016 de la CNDH, la falta de acuerdo interinstitucional y voluntad política para el saneamiento y la reincidencia de empresas contaminantes.
En la Universidad Jesuita de Guadalajara, señalaron que las autoridades recomendadas no han querido reconocer las afectaciones de la cuenca y la salud de los habitantes, incluso señalaron que la situación ha empeorado desde 2006 cuando fue presentada la problemática por primera vez en el TLA.
Las organizaciones entregaron al jurado 17 mil 736 firmas de respaldo de pobladores, entre ellas, cuatro mil 235 firmas de niñas y niños «para denunciar la reiteración de una injusticia del estado Mexicano que consiste en la reincidencia de la violación de nuestros derechos fundamentales, individuales y colectivos a un medio ambiente sano».
La vocería presentó las investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y los estudios de Regina Montero sobre la relación de la contaminación y la salud. Del mismo modo, enumeraron cada una de las recomendaciones que emitió la CNDH centradas sobre todo al saneamiento tras comprobar la presencia de sustancias tóxicas en los ríos.
Como lo habían anunciado, las organizaciones solicitaron la presencia del relator de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que inspeccione el trazo contaminado de la cuenca, a fin de que vinculen el caso en instancias internacionales a las que México ha suscrito acuerdos.
Por su parte, el jurado que deliberará el próximo viernes, coincidió en que la problemática en los pueblos de Puebla y Tlaxcala que comparten el río, se ha incrementado e incluso preguntaron constantemente a las organizaciones sobre las acciones de las autoridades. «Nada han hecho», dijo en su testimonio Isabel Cano Flores ante la eminente «simulación del Estado Mexicano».