Funcionarios públicos de Salud y Medio Ambiente de los estados de Puebla y Tlaxcala desairaron la invitación al Segundo Foro Regional “Diálogo sobre la contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac”, que en su segundo día buscaba entablar un diálogo con las autoridades obligadas a cumplir con las recomendaciones de la CNDH sobre el saneamiento de los ríos y con los planes de atención en materia de salud y justicia para los pobladores de la región.
Sin embargo, después de tres invitaciones a los funcionarios, solo asistieron al foro dos representantes de instituciones de Puebla y ninguno de Tlaxcala; entre ellos, los funcionarios que desairaron a las comunidades e investigadores fueron el secretario de Salud de Tlaxcala Rigoberto Zamudio; el secretario de Medio Ambiente, Luis Antonio Ramírez Hernández y Daniel Gutiérrez Tapia, encargado de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.
Aunque asistieron dos representantes de funcionarios de Puebla, no acudió la doctora Aracely Sara Cordero, de la Secretaría de Salud, y Ruth Espinoza, del despacho de Vigilancia Epidemiológica, todos invitados en tres ocasiones por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt) y el Centro Fray Julián Garcés.
Gobierno de Puebla se deslinda de competencia para sancionar descargas industriales
Miguel Ángel Benítez Olivera, encargado del despacho de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del estado de Puebla, deslindó al gobierno del estado de Puebla de la responsabilidad de la contaminación de los ríos a través de descargas industriales debido a que la competencia del Ejecutivo no llega al control de estas.
Explicaron que los municipios y la federación son los entes encargados de medir y sancionar a las empresas que descargan contaminantes en los ríos, así como las descargas urbano-municipales, por lo que no puede sancionar a estos entes, las instancias encargadas son Profepa y Conagua.
Sin embargo, señalaron que como parte del cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH sobre la contaminación del río, han emprendido acciones y campañas de concientización con municipios y 139 empresas pequeñas y medianas.
Desvinculadas instituciones con sociedad civil
Los asistentes cuestionaron las acciones aisladas de los gobiernos de Puebla y Tlaxcala marcada por la inasistencia de los sectores públicos de salud y saneamiento, así como la restricción legal que impide al los gobiernos estatales sancionar y detener las descargas industriales.
Los funcionarios señalaron que las atribuciones se enmarcan en la Ley de Agua federal y que, a pesar de que haya disponibilidad para cambiar el marco legislativo local, primero la federación debe comprender el problema y hacer las adecuaciones necesarias.
De hecho mencionaron que las instancias estatales no cuentan por inspectores para vigilar las descargas porque no es su competencia, y la comisión de agua y saneamiento solo cuenta con tres personas para supervisar las plantas de tratamiento.
Pobladores que viven en los límites de Cuautlancingo en el estado de Puebla, criticaron a las instituciones por no vigilar y sancionar a las empresas constructoras como Casas Geo y Lomas de Angelópolis que descargan residuos en los ríos.
Por lo anterior, los funcionarios del estado de Puebla reiteraron que todo es competencia de Semarnat.
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