Señalan que en el Congreso se discute la nueva ley que no contempla el derecho humano al agua y considera al recurso como una mercancía y no un bien social
El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, alertó sobre un proyecto al que señala como privatizador del agua, a través de la iniciativa de un nueva Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala.
«La tendencia privatizadora que se ha instalado en Puebla y otros estados como en Querétaro puede imponerse en Tlaxcala, y poner en riesgo nuestros comités comunitarios y nuestro derecho humano al agua», advirtió Alejandra Mendez Serrano, directora del Centro durante el Foro: El derecho humano al agua y la gestión comunitaria.
Señaló que en este momento en el Congreso se está discutiendo la nueva ley, propuesta por la diputada de Partido Morena, Marcela Hernández Castillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Al respecto, el Centro encontró en el análisis de la iniciativa que no se incluye el derecho humano al agua y el saneamiento; la iniciativa considera al agua como recurso de alto valor económico y no como un bien social y cultural, contraviniendo toda la reglamentación internacional a la que México pertenece con obligaciones vinculantes.
Además, no tiene un apartado de principios que guíen la aplicación de la ley, no contempla la participación ciudadana a través de comités comunitarios -una figura que en Tlaxcala es importante por la participación del pueblo en la defensa y uso responsable de sus recursos-, y, sobre todo, considera al agua como mercancía, «por lo que la iniciativa está más tendida hacia la privatización del recurso.»
Alejandra Mendez mencionó que la concepción del agua como mercancía ha generado altos costos monetarios, de salud y medioambientales para los pobladores. Solo en la cuenca del Alto Atoyac hay instaladas en este momento más de 20 mil empresas manufactureras, al menos mil 100 son de capital extranjero, alemán, estadounidense y español.
Las autoridades han justificado esto mediante un discurso del progreso y el empleo; lo cierto, dijo la directora del Centro, es que esas empresas solo generan el 16 por ciento del empleo en la región y solo el 0.05 por ciento de la explotación del agua es de uso doméstico, lo que demuestra que la industria y el uso comercial del agua son los causantes del deterioro ambiental.
Por ello, el Centro Fray Julián exigió al Congreso que la iniciativa tenga un enfoque de derechos humanos, respete el derecho internacional sobre la vuelta a los comités comunitarios como administradores de los recursos y garantice la accesibilidad del agua, sin el control de privados y con apoyo del estado, además de que los diputados deben informar y transparentar la iniciativa.