A un año de la recomendación de la CNDH, los gobiernos de Tlaxcala y Puebla reportaron un avance del 10 por ciento en el cumplimiento de las observaciones y no han firmado el convenio para el Plan de Saneamiento.
Los pobladores de los municipios de Nativitas y Tepetitla de Lardizábal, afectados por la contaminación de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan, pagarán por el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales que los expertos creen, serán un fracaso y se perfila a la privatización del saneamiento.
“Esto es violatorio de los derechos humanos porque se está transfiriendo el costo del mantenimiento de las plantas de tratamiento a las víctimas, y los beneficios de la construcción y mantenimiento a las empresas privadas, todo esto nos indica un claro movimiento hacia la privatización del saneamiento de la cuenca”, señaló en entrevista para Urbano, Octavio Rosas Landa, miembro de la Coordinadora por un Atoyac con Vida e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El académico señaló que hasta ahora las autoridades de Puebla y Tlaxcala solo han cumplido el 10 por ciento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ademas, las autoridades no han firmado el convenio de colaboración interinstitucional para diseñar e implementar el Plan de Saneamiento de la cuenca, a más de un año de la recomendación 10/2017.
“Esto es violatorio de los derechos humanos porque se está transfiriendo el costo del mantenimiento de las plantas de tratamiento a las víctimas, y los beneficios de la construcción y mantenimiento a las empresas privadas, todo esto nos indica un claro movimiento hacia la privatización del saneamiento de la cuenca”, señaló en entrevista para Urbano, Octavio Rosas Landa, miembro de la Coordinadora por un Atoyac con Vida e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El académico señaló que hasta ahora las autoridades de Puebla y Tlaxcala solo han cumplido el 10 por ciento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ademas, las autoridades no han firmado el convenio de colaboración interinstitucional para diseñar e implementar el Plan de Saneamiento de la cuenca, a más de un año de la recomendación 10/2017.
Rosas Landa explicó que existe un proyecto de convenio que fue redactado por la Conagua sin intervención de otras autoridades y que contiene acciones que pretenden constituirse como el plan de saneamiento de la cuenca.
“Claramente nosotros estamos planteando que este convenio es violatorio de los términos de la recomendación porque no se incorporaron, dentro de la redacción, las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil como lo establece la CNDH; en segundo lugar, si dentro del clausulado del convenio ya se establecen acciones que pretenden constituirse como el plan, éstas son incompletas, costosas, inconexas y no van a resolver el problema.”
Tal es el caso de los proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales. En opinión de Octavio Rosas Landa, los proyectos ejecutivos para la rehabilitación e instalación de las plantas en los municipios de Nativitas y Tepetila de Lardizabal, no solo indican que el costo será transferido a la población, sino que ambas utilizan un sistema biológico.
Esto quiere decir que “solo van a tratar aguas de origen doméstico, lo cual es ya es problemático porque muchas industrias están descargando sus residuos en los desagües municipales, están mezclados residuos industriales con residuos doméstico y urbanos y eso va a ser que las plantas de tratamiento sean inservibles”.
Como han informado los gobierno de Puebla y Tlaxcala a la CNDH, hasta ahora la inversión para el saneamiento asciende a cinco mil millones de peso con el 10 por ciento de avance.
Por todo esto, Octavio Rosas Landa informó que la Coordinadora por un Atoyac con Vida acudirá a la Audiencia Pública del Tribunal Latinoameicano del Agua que se realizará en Guadalajara en octubre, y llevarán el caso a la relatoría de derechos humanos de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU).
Asimismo, exigirán a la CNDH para que ejerza sus facultades y le pida al Senado de la República haga comparecer a las autoridades de Puebla y Tlaxcala por el incumplimiento de las recomendaciones para detener el ecocidio.