Aunque Puebla y Tlaxcala tienen el número más bajo a nivel nacional de jóvenes infractores privados de la libertad, más de la mitad de ellos fue víctima de algún tipo de violencia o abuso durante su estancia en los centros de internamiento.
Según el «Informe especial sobre las condiciones que viven las personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal en Centros de Internamiento 2023», de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ocho jóvenes en Puebla y uno en Tlaxcala fueron víctimas de alguna forma de violencia.
Ahora, si se toma en cuenta que en cada uno de esos estados están recluidos 13 y dos jóvenes infractores, respectivamente, la cifra de violencia que se ejerce es contra más de la mitad de la población recluida, en 66.6 por ciento del total.
Se trata de jóvenes sentenciados y purgando penas en los centros. Por ejemplo, en Puebla hay solo tres detenidos en proceso de sentencia condenatoria o absolutoria, el resto, 10 tienen una sentencia fija de responsabilidad; en Tlaxcala la mitad está en proceso de sentencia.
El informe de la CNDH encuestó a los jóvenes y adolescentes internados en los 45 centros del país, a fin de conocer la situación que enfrentan sobre la garantía de protección a sus derechos humanos pues, si bien, algunos tienen sentencias por delitos como portación de arma de fuego, robo, narcomenudeo y homicidio, el Estado debe garantizar las condiciones mínimas para su desarrollo humano e integración a la sociedad.
En el caso de Puebla, ocho de los detenidos fue por el delito de homicidio; tres por robo, otro más por delitos contra la salud, tres más por secuestro y uno por lesiones; mientras que uno de los dos jóvenes presos en Tlaxcala ingresó por el delito de violación y otro por el delito de homicidio.
Aunque el informe no detalla las circunstancias económico-sociales de los jóvenes presos, destaca que la mayoría provienen de entornos sociales y familiares violentos, pobres y de zonas marginadas.
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