Andrés Manuel dice que por el tiempo electoral es que se hacen estas denuncias, porque no es capaz de actuar con perspectiva de género y demostrar que en su gobierno existe justicia.
Frases misóginas, comentarios violentos, antecedentes penales, acoso, denuncias por violación, por violencia física o por violencia política en razón de género; son algunos actos que aspirantes a puestos públicos han cometido, muchos de estos ya han sido funcionarios y que siguen gozando del poder, gracias a que muchos otros en cargos públicos los mantienen protegidos; además de la impunidad e injusticia machista que vivimos en altos niveles en nuestro país.
El presidente se atreve a opinar defendiendo a Félix Salgado, como muchos hombres cuestionan las denuncias de las mujeres, porque su machismo no les permite ver que aunque “no todos”, sí son muchos los conocidos, los compañeros, los integrantes de un partido, que están violentando a las mujeres y que están haciendo uso de su poder para que sea más fácil cuestionar y responsabilizarlas a que se realicen las investigaciones en forma.
Andrés Manuel dice que por el tiempo electoral es que se hacen estas denuncias, porque no es capaz de actuar con perspectiva de género y demostrar que en su gobierno existe justicia; porque no la hay, para las mujeres sigue gobernándose desde el machismo y ninguna transformación se dedica para nosotras.
A pesar de que muchas mujeres de la política, la cultura y la academia han exigido que se aparte al político de la carrera electoral hasta que se esclarezca el caso, al contrario, Morena ha avalado su participación para la gobernatura de Guerrero, no sólo minimizando los actos por los cuales se le denuncia, sino, violando el artículo 20Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la reciente Ley 3 de 3, para que ninguna persona con antecedentes de violencia de género pueda ostentar candidaturas o cargos públicos; esto sin duda, esto sólo refuerza el contexto de violencia contra las mujeres que se vive en México.
Para Marcela Lagarde, mantener a Salgado Macedonio como representante de Morena para la gobernatura, significaría una burla; sin embargo, para los que lo defienden y hacen caso omiso de las denuncias en contra de esta figura, sólo dan muestra de que el machismo sigue más que vivo en nuestra actualidad; no puede verse en qué momento las mujeres seremos incluidas en la transformación que se vocifera.
No sólo es desastroso que una propuesta de “izquierda”, que ha señalado a otras administraciones de traidores de la nación, de corruptos y mentirosos, sean quienes hoy sigan dando la espalda a las miles de mujeres que seguimos siendo las más violentadas y menos tomadas en cuenta; sino que también resulta evidente la urgencia de que sean más mujeres, sensibles a las necesidades de las mujeres, quienes sigan ocupando cargos públicos y que velen porque sean reales todos nuestros derechos.
Una red amplia de colectivos y mujeres a nivel nacional están buscando que no sigan permitiéndose participaciones de violentadores en la política, porque ésta no es una práctica reciente, tampoco se han destapado estos hechos en tiempos electorales únicamente, sino que han sucedido en todo momento; constantemente conocemos de funcionarios y servidores públicos que han violentado de diversas formas a mujeres, ya sea que tengan o no relación alguna con ellos; tampoco vemos por primera vez que éstos sean protegidos por otros hombres o por las mismas instituciones omisas y machistas.
Los obstáculos que ya de por si vivimos las mujeres ante la violencia, además del señalamiento social cuando se denuncia públicamente un acto violento, muestran la ineficiencia de las autoridades al realizar la denuncia ante las instituciones correspondientes, pues aún con las evidencias, se cuestiona la verdad de las mujeres; lo que ha llevado a miles a dudar en denunciar, que desisten o que tardan años para sentirse preparadas y poder realizarlo.
Por lo que el Gobierno debería estar preocupado hoy no es por mantener las candidaturas de un partido que sigue demostrando actuar desde la misoginia, sino de garantizar el acceso a la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición para todas las mujeres que han denunciado y que deben ser protegidas por el Estado.
Sin duda, el ejercicio de la violencia debe dejar de normalizarse en todos los ámbitos, deben dejar de ser protegidos los agresores y debe existir justicia para todas las mujeres; en estas campañas electorales escucharemos muchas promesas en beneficio de las mujeres, el uso electorero de las necesidades y realidades que aún enfrentamos que sólo busca ganar un voto, mientras somos violentadas, engañadas o tachadas de mentirosas.
Difícil será verdaderamente garantizar la Ley 3 de 3, cuando en la práctica muchos agresores, violadores, acosadores y misóginos no son denunciados, cuando las carpetas de investigación se van al archivo muerto por omisiones institucionales o cuando por influencias e impunidad simplemente son protegidos.
La política debe servir para atender las necesidades que enfrentamos, para modificar las condiciones que nos mantienen en desigualdad, no para seguir beneficiándose unos cuantos, y desde lógicas patriarcales que minimiza, excluye y desacredita a las mujeres. Como todo, la política debe estar atravesada por la perspectiva de género, debe cuestionar las prácticas machistas y misóginas que permanecen institucionalizadas y normalizadas.