Con el estallido de la pandemia y con un sistema institucional endeble de atención y procuración de justicia para las mujeres en situación de violencia, no fue sorpresa el aumento de riesgo que esto ha implicado para todas.
Sin duda alguna, el 2020 presentó grandes retos en todos los ámbitos, llevándonos en la mayoría de los casos a buscar otras formas de continuar con nuestras actividades, entre ellas, a las defensoras y defensores de derechos humanos, quienes ya de por sí nos encontrábamos con obstáculos y desconfianza del mismo presidente de México; quien no sólo ha demostrado desconocimiento por la protección y garantía de los derechos humanos de todas y todos, sino que, además, ha dejado claro su desinterés por los derechos de las mujeres, disminuyendo los recursos dirigidos a las políticas públicas e instituciones con el fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas de todo el país.
De esta forma iniciaba el 2020, con recortes a 26 programas dirigidos a mujeres, propuesto por Andrés Manuel, lo que colocó en riesgo aquellas acciones dirigidas a prevenir los feminicidios, resultado de la violencia sistemática y estructural permanente en el país, que año con año se ha agravado y las instituciones han demostrado incapacidad para modificar el contexto de inseguridad y feminicida para las mujeres en los diversos contextos.
Con el estallido de la pandemia y con un sistema institucional endeble de atención y procuración de justicia para las mujeres en situación de violencia, no fue sorpresa el aumento de riesgo que esto ha implicado para todas; mucho se habló de un aumento de violencia contra mujeres y niñas “debido al confinamiento”, manteniendo la negación de que el espacio donde mayor violencia se ejerce es en el hogar, el espacio que mayor seguridad tendría que representar para todas las personas, ha sido por muchos años el más violento; bastante grave resultó que el presidente de la República romantizara la familia desde la “tradición” de que las mujeres son quienes cuidan a los padres, además de ser “la institución más importante”, normalizado los roles de ser cuidadoras y de respetar una institución que nos violenta.
El confinamiento sólo expuso lo evidente para quienes abordamos la violencia contra las mujeres. Este contexto que se observa desde el 2019 ha llevado a fortalecer los movimientos feministas en todo el país, porque ha puesto de manifiesto una vez más que el Estado no cuenta con el compromiso para garantizarnos a las mujeres el pleno goce de nuestros derechos, que sigue siendo parte de la impunidad que enfrentamos y que gran parte del personal institucional no cuenta con perspectiva de género para comprender, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, que mantienen conductas insensibles y sexistas, obstaculizando el acceso a la justicia.
Además, nos enfrentamos con señalamientos de un gran número de población que mantiene normalizadas las actitudes y respuestas del gobierno ante los reclamos de las organizaciones de sociedad civil y feministas, señalamientos que minimizan las obligaciones que tiene el Estado de generar las condiciones para garantizar la seguridad para las mujeres; así como de aplicar la sanción correspondiente, ya que el nivel de impunidad al respecto refleja la incapacidad e ineficiencia de la procuración y administración de justicia, abonando a los riesgos que se enfrentan las mujeres.
Como parte de la constante simulación institucional al respecto, vemos declaraciones por parte de la Procuraduría del Estado sobre la efectividad en localización de mujeres, así como declarar que realizan búsquedas de manera inmediata, pues las familias siguen recibiendo la orden de esperar hasta 72 horas o son revictimizadas con comentarios o aseveraciones sexistas; además de que no se informa a las familias sobre los protocolos de búsqueda inmediata, los cuales, si se llegan a activar, pasan semanas o hasta meses para activar el Protocolo Alba o la Alerta Amber, manteniendo obstáculos para su localización con vida o disminuir los riesgos de que sean víctimas de otros delitos.
El año nuevo no modifica el contexto de pandemia que vivimos a nivel mundial, las instituciones siguen deteniendo servicios, como ya lo informó el Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que seguirá implicando un obstáculo para que muchas mujeres accedan a la justicia, que muchos procesos legales se detengan y que significarán un aumento de riesgo en muchos casos.
Evidentemente las instituciones deben prever estrategias que no coloquen en riesgo al personal, pero no pueden hacer de lado su obligación primera de proteger y garantizar los derechos humanos, en todos los niveles, desde el federal, hasta el comunitario.
Aunque resulte poco alentadora la postura irresponsable del presidente mexicano de poner a consulta la despenalización del aborto, tras el histórico logro en Argentina; lavándose las manos ante un México conservador y misógino que pretende seguir decidiendo sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres; no puede poner a votación qué derechos se pueden gozar y cuáles no, su mandato se ha basado en minimizar las necesidades de las mujeres, en seguir postergando, como otras administraciones, el derecho pleno a decidir sobre nuestros cuerpos, dando amplia entrada a las posturas religiosas, conservadoras y misóginas.
La perspectiva de género ha quedado bien instalada en las instituciones sólo desde el discurso, pues ni las capacitaciones han cambiado las actitudes machistas, ni los perfiles requeridos se cumplen a cabalidad; estas omisiones no sólo son bastante graves, sino que sigue costando las vidas de las mujeres; este 2020 dejó 30 asesinatos de mujeres que identificamos como feminicidios, de los cuales sólo se iniciaron 8 carpetas por este delito en la Procuraduría; tenemos un registro de 56 mujeres que siguen desaparecidas al cierre del 2020, pero sólo permanecen 8 Protocolos Alba y 2 Alertas Amber; el enfoque de género sólo está en el discurso institucional…