México tiene en promedio 2.2 jueces por cada 100,000 habitantes; la mitad promedio de jueces en comparación con el resto de América
La 8ª edición del informe anual del Índice de Paz México (IPM) reveló que en sólo dos años el gasto enfocado a actividades militares pasó de $118 mil millones de pesos a $140 mil millones, lo que representa un aumento de casi el 20%, el nivel más alto registrado.
De acuerdo con el Índice, el gasto en seguridad pública a tráves de la policía, los servicios de protección, los costos de custodia y encarcelamiento, la vigilancia y seguridad de las personas y los respectivos costos de administración alcanzaron su punto máximo en 2012, pero desde entonces ha disminuido un 32%.
El egreso de presupuesto en justicia en 2020 fue de 109 mil millones de pesos, 1.5% menos que el año anterior, si bien el gasto en orden público y seguridad ha disminuido en los últimos años, el desembolso en las fuerzas armadas ha superado a otras formas de gasto público.
Los mayores niveles de egresos coinciden con el mayor uso del ejército para combatir los crímenes de la delincuencia organizada. A pesar de esto, el gasto de México en las fuerzas armadas equivale al 0.5% de su PIB, muy por debajo del promedio mundial.
De manera similar, el gasto público mexicano en justicia y seguridad pública está muy por debajo de los niveles regional e internacional. México gastó el 0.73% de su PIB en el sistema judicial y la seguridad pública en 2020, menos de la mitad del promedio de la OCDE.
México ha tenido dificultades para desarrollar la capacidad suficiente en su sistema judicial, en consecuencia, el sistema de justicia de México muestra la necesidad de incrementar el número de jueces y al aumentarlos la capacidad del sistema legal del país puede mejorar y llevar a reducciones en el hacinamiento en las cárceles y los encarcelados sin sentencia.
México tiene en promedio 2.2 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, eso equivale a la mitad del número promedio de jueces en comparación con el resto de los países de América y ocho veces menos que el promedio mundial.
Los recursos públicos limitados significan que un aumento en el gasto para contener la violencia debe financiarse mediante un aumento de los impuestos o la reasignación de fondos de otros sectores.
Carlos Juárez, director del IEP en México comenta: “En México, la falta de capacidad en los sectores judicial y de seguridad conduce a una brecha de seguridad donde los costos derivados de la violencia superan con creces los costos de contención. Por lo tanto, lograr los niveles óptimos de gasto en seguridad pública es importante para aprovechar al máximo el capital”