La organización «Madres por el derecho a la verdad» protestaron la tarde del pasado viernes en el zócalo de la ciudad de Tlaxcala, asegurando que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJE) han dado por hecho, sin pruebas fehacientes, que Karla, Pedro y Maricela son autores de los delitos que no cometieron.
Acompañados por la abogada y activistas Yeny Charrez Carlos, el activista Efrén López y la ex diputada local Eréndira Jiménez, el grupo de familiares aseguraron que tienen pruebas de que las acusaciones presentadas por la PGJE no se sostienen y que habría anomalías procesales que han impedido el acceso a la justicia para los imputados, generando de ese modo presuntos culpables.
En el asunto judicial de Maricela N., detenida e ingresada al CERESO de Apizaco, los familiares acusaron que las autoridades acreditaron 14 delitos denunciados por su ex pareja sin tomar en cuenta las denuncias por maltrato familiar y violencia de pareja presentadas en 2019 por Maricela, falencias que no están siguiendo un proceso con perspectiva de género.
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Otro asunto es el de Pedro N., detenido en Guanajuato por su probable participación en el homicidio de una persona en Tlaxcala. Los familiares señalaron que Pedro fue detenido por los señalamientos de un sujeto que permanece hasta ahora como no localizado y que no ha ratificado su declaración, lo que hace endeble la acusación, además de que el juez deshecho las pruebas que acreditan su inocencia.
Por último, los activistas expusieron el asunto de Karla N., ex funcionarios de la Fiscalia de Puebla acusada de homicidio contra una mujer afuera de una guardería del ISSSTE.
Al respecto, los familiares señalaron que las características de la homicida no corresponden con las de su hija y que la única relación que sostiene la acusación de la PGJE y la sentencia del TSJE es haber sido pareja sentimental del esposo de la mujer asesinada en 2019.
Detallaron que hay pruebas que indican que antes de los hechos Karla terminó la relación con su ex pareja y que también fue víctima violencia de género.
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Por estos casos, los activistas exigieron a las autoridades estatales reponer los procesos, valorar las pruebas y liberar a las tres personas. Acusaron a la PGJE de fabricar delitos a fin de favorecer las cifras sobre asuntos resueltos y señalaron que se necesitan verdaderas sentencias con certeza jurídica y no la creación de presuntos culpables.
Foto: Especial