«El gobierno federal, con el nuevo plan o diseño de política migratoria, debe exigir la vigilancia y el respeto de los derechos humanos», dijo la activista activista Norma Mendieta Mendieta.
Frente al endurecimiento de la política migratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la administración federal de México debe asumir una postura firme para defender no solo los derechos de los paisanos, sino los derechos a migrar de los centroamericanos, señaló la activista Norma Mendieta Mendieta.
En entrevista, la promovente de la Ley de Migración para el Estado de Tlaxcala, señaló que el aumento de las deportaciones y las medidas migratorias se han incrementado.
«El gobierno federal, con el nuevo plan o diseño de política migratoria, debe exigir la vigilancia y el respeto de los derechos humanos (…), el trabajo de las organizaciones es uno, el de respaldar y brindar apoyo humanitario, el del gobierno el de diseñar una política que garantice la migración libre y pacífica», dijo.
Refirió que la crisis migratoria no es ajena a los Estados Unidos sino «corresponsable de que los centroamericanos salgan de sus países por mejores condiciones de vida y seguridad» que ha generado el sistema económico mundial.
Dijo que la crisis no solo se ubica como punto rojo en la zona norte del país, sino que «acá también tenemos nuestra propia crisis» con el no reconocimiento de las competencias y habilidades que los migrantes tlaxcaltecas desarrollaron en los Estados Unidos.
Y es que las autoridades de la entidad han mantenido la exigencia de documentos para certificar sus competencias cuando en el contexto de la deportación «a lo que menos tienes derecho es a que te expidan certificados».
Frente a esto, la activista insistió en la generación de estrategias para recibir a los tlaxcaltecas deportados en «un marco que garantice sus derechos civiles y laborales.»