No hay que olvidar que el transporte público es un servicio concesionado, como consecuencia de que el gobierno estatal no tiene la capacidad de ofrecerlo.
Hagamos una reflexión seria de lo que se nos viene. En específico quiero abordar el tema del transporte público. El próximo 9 de febrero vence el plazo concedido por el gobierno estatal para que los concesionarios instalen en sus unidades, cámaras de vigilancia, botones de pánico, torretas y sistemas GPS, además de capacitar a sus conductores. No me cabe la menor duda que lo más difícil será que los choferes manejen sin exceso de velocidad, ni imprudencias. No lo digo a la ligera, siempre que se han concedido aumentos en la tarifa, lo han prometido y han incumplido.
Pero, no es culpa exclusiva de los trabajadores del volante. El problema empieza en el sistema, en la famosa “cuenta”, esa que orilla a los conductores a cultivar “el colmillo”, a hacer “callo”, a iniciar sus recorridos lentamente para esperar la acumulación de pasajeros y “pescarlos” más adelante; acelerar para evitar que los “queme” el compañero que viene detrás y llegar a la terminal antes del tiempo definido para el derrotero, con el fin de evitar sanciones.
Sin la modificación de este sistema explicado en resumen, el servicio de transporte público nunca mejorará, nunca. Si a eso le agregamos los compromisos “tecnológicos”, el reto es más que complicado para los transportistas.
Por lo anterior, aunque el secretario de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, confía que los concesionarios van a cumplir prácticamente al cuarto para la hora, porque “así somos en este país” (que dejamos todo para los últimos minutos), la verdad es que yo no apostaría a favor del sector.
El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que no habrá prórroga y que serán enviadas al corralón, las unidades que incumplan con los requisitos establecidos en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, en el cual se estableció un plazo de 120 días. Ante este escenario, el presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso local, Jonathan Collantes Cabañas, propuso al gobierno estatal disminuir de 8.50 a seis pesos la tarifa del transporte público, en caso de que los concesionarios incumplan con la modernización de las unidades.
Usted, ¿por cuál vota? No hay que olvidar que el transporte público es un servicio concesionado, como consecuencia de que el gobierno estatal no tiene la capacidad de ofrecerlo. En el pasado quedó aquél proyecto denominado Sistema de Transporte Público, los camiones “morados” (que quizá ya nadie recuerda), el cual impulsó en los años ochentas el entonces gobernador Guillermo Jiménez Morales y que de a poco perdió la batalla ante la poderosa Alianza Camionera, pero también con la entrada del sistema de “peseros” o “combis”.
El caso sólo demostró que el gobierno estatal carecía de la capacidad para brindar este servicio, por lo que en la actualidad sólo particulares ofrecen lo ofrecen. Por tanto, imagínese usted que llega el 9 de febrero y empiezan los operativos para detectar las unidades carentes de los requisitos para trasladar a los poblanos a sus escuelas, trabajos o a cualquier destino. Pensemos, modestamente, que cuatro de cada cinco camionetas, microbuses y autobuses del sector tienen cámaras de vigilancia, botones de pánico, torretas y sistemas GPS. ¿El servicio cubrirá la demanda si le restan 20 por ciento de su parque vehicular? Por supuesto que no. La capital poblana y su zona conurbada colapsarían, habría protestas por todos lados.
No podemos disminuir la capacidad de los transportistas. Por tanto, no queda de otra más que permitir que continúen circulando por las calles; pero, si los transportistas no cumplieron con lo prometido, el gobierno estatal no tiene por qué autorizar el aumento de la tarifa. No sería una decisión general. Me explico: los choferes sólo cobrarían 8.50 pesos por pasaje si manejan unidades que cumplan con todos los requisitos acordados con la administración local. Los otros cobrarían seis pesos. De esa manera, no pagarían justos por pecadores. Sí, sería lo justo.
De a poco, los incumplidos tendrían que cumplir o mantenerse por debajo de la tarifa más alta. Digamos que tendríamos servicio de primera y de segunda, y usted hasta tendría la posibilidad de elegir de acuerdo a su economía o a su interés por viajar más seguro. ¿Qué le parece? Porque, recuerde: nadie es completamente bueno, ni completamente malo