Toda proporción guardada, pero, en mi opinión, es una situación similar a la sucedida con Eduardo Media Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


@ferperezcorona

Hace cuatro años, en los primeros días de diciembre, una iniciativa del entonces gobernador Rafael Moreno Valle llegó al Congreso local, con el fin de ser discutida en comisiones y transformar a la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General del Estado (FGE).

La propuesta apostaba a la continuidad de Víctor Carranca Bourget durante los próximos siete años; es decir, planeaba que continuará en el nuevo cargo hasta 2022. El plan de Moreno Valle fue avalado y parecía que no habría cambios.

Sin embargo, en junio del año pasado, la otrora candidata a gobernadora de la coalición Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso, condenó el asesinato de Juana Maldonado, abanderada a diputada local en Huauchinango por PVEM; cuestionó la capacidad del funcionario y dijo: «si el fiscal no puede dar resultados, que se vaya, pero ni una muerta más”.

La declaración de la esposa del ya para esas fechas exgobernador Moreno Valle, literalmente daba por terminada la permanencia de Carrancá Bourget en la FGE, aunque no en forma inmediata.

Para septiembre, más de dos meses después de lo dicho en campaña por Alonso Hidalgo, el gobernador José Antonio Gali Fayad envió una iniciativa de reforma a la LIX Legislatura para permitir a Carrancá designar a su sucesor, lo que fue interpretado por la oposición como el proyecto para tener un «fiscal carnal».

Gali Fayad, en entrevista, reveló que Gilberto Higuera Bernal sería el nuevo titular de la Fiscalía; empero, no pudo hacerlo y sólo quedó como encargado de despacho, pues Carrancá no promovió su renuncia ante los diputados, sino solicitó licencia al cargo, como consecuencia de la modificación a Ley de la Fiscalía General del Estado avalada por la Legislatura anterior, lo que le permite ausentarse de su puesto por un tiempo indefinido y que ha motivado un proceso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La semana pasada, primero Higuera y después el gobernador Luis Miguel Barbosa, revelaron que Víctor Carrancá había renunciado a su cargo, lo que causó sorpresa al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, aunque después se informaría que el trámite se había realizado en Oficialía de Partes.

Nadie duda, creo, que Carrancá fue una pieza fundamental en los planes de Moreno Valle, los cuales quedaron truncos tras lo sucedido hace casi un año, cuando murió en un accidente aéreo, junto con su esposa y otras tres personas. Inició el sexenio en la PGJ en 2011. Más, habría sido difícil regresar al cargo para continuar hasta 2022, como estaba previsto.

Con Martha Erika en la gubernatura y sin desplome del helicóptero ese 24 de diciembre, seguir en el cargo se veía poco menos que imposible, aunque la ley lo permitía, lo que le dejaba posibilidades remotas, pese a contar con el apoyo de dos exmandatarios, pues hacer hubiera significado una gran contradición para la exsecretaría general de la dirigencia estatal panista.

A 15 meses de la primera de sus reiteradas licencias, Carranca Bourget decide, ahora sí, renunciar.

¿Por qué?

En mi opinión, su salida está negociada.

No creo que haya sido por voluntad propia. No creo que haya reflexionado profundamente y concluido que Puebla requiere un fiscal y no un encargado de despacho. No lo creo.

Toda proporción guardada, pero, en mi opinión, es una situación similar a la sucedida con Eduardo Media Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dejar el cargo a cambio de impunidad.

¿O usted encuentra una negociación diferente?

A la par de esta decisión política, en caso de confirmarse mi hipótesis, cómo olvidaremos que en su administración repuntó el número de presos políticos, como también los feminicidios y el robo de hidrocarburos, sin olvidar la manera en que policías ministeriales irrumpieron en casa de San Bernardino Chalchihuapan, después del enfrentamiento entre policías estatales y vecinos, donde resultó herido de muerte el niño Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

Los siete años de Carrancá en la procuración y fiscalización de la justicia en Puebla no pueden limitarse a un trámite de ventanilla, requieren una evaluación profunda de los diputados y también del Poder Judicial.

No sentaría un buen precedente que después de tantos cuestionamientos sociales, un funcionario deje el cargo y haya una apuesta al olvido. La historia obliga a hurgar en las acciones tomadas por esta pieza clave del morenovallismo.

¿Lo harán?

Porque recuerde: Nadie es completamente bueno, ni completamente malo

*Periodista. Contacto: ferperezcorona@hotmail.com

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